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El fiscal no ve fraude por la devolución con intereses de subvenciones en Parres

La Fiscalía evidencia "inaptitud" en la gestión municipal y reclama al Tribunal de Cuentas que investigue las posibles irregularidades contables

12.12.2015 | 02:49

La Fiscalía Superior del Principado de Asturias no ve delito de fraude o malversación de caudales por la devolución con intereses de subvenciones que el Ayuntamiento de Parres gestionó durante el mandato del socialista y actual diputado autonómico Marcos Gutiérrez. La investigación, que salió adelante tras una denuncia de Foro, evidencia una "aparente inaptitud en la gestión de las subvenciones solicitadas y concedidas, dando lugar" a "un perjuicio patrimonial para las arcas municipales". La Fiscalía acordó archivar las diligencias, sin perjuicio de la posible responsabilidad contable que deberá ser analizada por el Tribunal de Cuentas.

Los hechos investigados se refieren a tres subvenciones que el Consistorio tuvo que devolver al Principado con unos intereses de demora cercanos a los 34.000 euros, al no justificar el dinero invertido. En concreto, se trata de ayudas para obras en la piscina de Arriondas y contratar a media jornada a un educador.

En el caso de la ampliación de la piscina, el gobierno local firmó un convenio de colaboración con la Consejería de Cultura por el que recibía una subvención de 250.000 euros en dos fases. Sin que constara la justificación de los terrenos exigida en el convenio, el Principado ingresó el 20 de enero de 2011 la primera tanda, pero hasta el 24 de enero de ese año el Ayuntamiento no movió ficha para pedir a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) los permisos de obra, lo que, según la Fiscalía, "pone de manifiesto de manera incuestionable la arbitrariedad del ente local en la gestión de la subvención". CHC denegó el permiso y el Ayuntamiento devolvió la subvención, más 29.029,45 euros por gastos de demora.

Lo mismo ocurrió con las calderas de biomasa de la piscina, para las que Parres recibió 60.000 euros de la Consejería de Industria. La instalación se retrasó por las inundaciones de 2010 y se hizo con un modelo inferior, no acordado, que supuso la firma de un contrato de 57.903 euros, lo que obligó a devolver los 20.000 euros restantes más 3.457.51 euros de demora.

En cuanto a la contratación de un educador, la Fiscalía destaca que la documentación existente es "una concatenación de documentos difícilmente entendibles" que requieren una "labor exegética" y que se resumen en que el ente local no utilizó los 16.000 euros para contratar al trabajador, por lo que la Consejería de Bienestar Social revocó la subvención, obligando a pagar 1.445, 34 euros más por la demora.

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