El Tribunal de Cuentas investiga las responsabilidades en torno a las presuntas irregularidades observadas en los contratos del abastecimiento agua y el saneamiento del Ayuntamiento de Llanes, que desveló ayer LA NUEVA ESPAÑA. El órgano fiscalizador de las cuentas del sector público ha remitido al Ayuntamiento el informe pericial solicitado por el juez avilesino que investiga el "caso Aquagest", en el que se detallan numerosas irregularidades en las actuaciones realizadas entre 1988 y 2009 en torno a los contratos del agua y el saneamiento. Este periódico intentó ayer sin éxito obtener la versión del portavoz socialista, José Manuel Herrero.
El Tribunal de Cuentas dio cinco días a las autoridades llaniscas para que alegaran en relación con el informe pericial del "caso Aquagest" y el equipo de gobierno respondió poniéndose a disposición de ese órgano.
El alcalde, Enrique Riestra, de Vecinos X Llanes, indicó que el equipo de gobierno aguardará a que los jueces se pronuncien antes de tomar decisiones sobre el contrato del agua. Calificó de "palmario" y "contundente" el informe pericial, que "no deja en muy buen lugar" a sus predecesores. "Seremos impecables", señaló el edil, quien subrayó el "cambio de rumbo" que se ha producido en el Ayuntamiento desde que el cuatripartito arrebató el poder al PSOE. "Estamos cumpliendo la ley, algo que hasta que llegamos estaba en tela de juicio, como demuestra el informe pericial", resaltó Riestra.
La vicealcaldesa, Marián García, de Foro, aseguró que desde que conoció los pormenores de los contratos públicos, como renovar el contrato del agua por veinticinco años cuatro antes de que expirara, algo "chirriaba, y ahora todo esto lo acredita".
El concejal del PP Juan Carlos Armas destacó que el perito judicial ha venido a corroborar las denuncias que hizo en 2009 sobre el contrato del agua. Aseguró que la renovación del mismo por 25 años buscó "paliar la lamentable situación económica que atravesaba el Ayuntamiento" y pidió a los concejales socialistas que expliquen lo ocurrido y las acusaciones del perito.
Javier Ardines, de IU, señaló que la "dudosa legalidad" de los contratos del agua "se veía venir" y abogó por recuperar la gestión pública del agua.
