"No queremos que paguen justos por pecadores. Las consecuencias del 'caso Kaype' se notarán incluso después de una década". Así de contundente se mostró el alcalde de Llanes, Enrique Riestra Rozas, tras la junta de portavoces celebrada ayer para abordar el caso urbanístico: la juez ha ordenado demoler la ampliación ilegal del hotel de Barru, obra a la que el anterior gobierno local dio licencia y, por tanto, la empresa podría solicitar una indemnización millonaria (se habla de 7 millones de euros) al ayuntamiento como perjudicada.

En la junta estuvieron todos los miembros del gobierno y del PSOE, si bien no acudió por motivos laborales el portavoz José Herrero, edil de Urbanismo en el anterior mandato. "Los miembros del gobierno actual no son responsables directos ni indirectos del 'caso Kaype'. No han tomado parte en las decisiones adoptadas por la anterior corporación (PSOE), con lo que no pueden ser culpados de ninguna de las consecuencias que se deriven de él", quiso dejar claro el cuatripartito (Vecinos x Llanes, PP, Foro e IU).

Éstos criticaron con dureza la ausencia de Herrero, al que señalan como "uno de los responsables de la losa del Kaype". El regidor llanisco señaló que el Ayuntamiento seguirá estudiando si recurrir o no el auto dictado por el Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Oviedo que ordena la demolición. El gobierno ha dado orden a la arquitecta municipal para que proceda a cumplir el requerimiento del juzgado.

No han sentado nada bien en el ejecutivo local las declaraciones de la exalcaldesa de Llanes Dolores Álvarez Campillo en LA NUEVA ESPAÑA sobre la polémica urbanística. Campillo, ahora diputada regional, señaló que de estar en la misma situación que la propiedad del Kaype también reclamaría al Ayuntamiento una indemnización. "Tenemos un papelón tremendo. En Alemania un político dimite por haber copiado en el colegio y aquí la exalcadesa es capaz de hacer declaraciones sin ponerse colorada. Utilizaremos todas las vías posibles para evitar o reducir el pago que repercuta directamente en los vecinos y en el desarrollo del concejo", añadió el regidor llanisco.

El gobierno rechaza el argumento del PSOE que de estar en vigor el PGO anulado el pasado mes de septiembre se hubiera parado la orden de derribo.

La primera teniente de Alcalde, Marián García de la Llana, de Foro Asturias, señaló que "lo que hagamos será por el bien de las arcas municipales". Juan Carlos Armas, del PP, aseguró que "intentaremos agotar todas las vías posibles afín de que el daño que tengan que soportar los vecinos sea el menor posible, lo cual se me antoja muy difícil", dijo.

Javier Ardines, portavoz de IU en el Consistorio llanisco, señaló a Dolores Álvarez Campillo como máxima responsable del caso Kaype. "Esperar que el PSOE reconozca un error es difícil. Esa edificación se hizo por petición de un magnate. El urbanismo no puede ser algo que beneficie a unos pocos y que perjudique al resto de los ciudadanos", dijo. IU es contraria a recurrir el auto de derribo.

El portavoz del PSOE, José Herrero, aseguró que su formación sí es partidaria de presentar un recurso contra el auto de la juez que obliga a demoler el edificio. Para esto queda ya menos de un mes. La juez advierte de multas si no se cumple.