El portavoz socialista de Llanes y exconcejal de Urbanismo José Manuel Herrero se mostró ayer dispuesto a "colaborar con la justicia" con el fin de "aclarar" su participación en el "caso Kaype", por el que tendrá que declarar como investigado ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). Herrero, investigado por haber firmado las dos licencias municipales que permitieron ampliar un hotel situado en primera línea de la playa de Barru y que luego anularon los tribunales, subrayó que firmó todos los permisos "con informes técnicos y jurídicos favorables".
Herrero calificó de "respetable" la orden de la Audiencia Provincial de Oviedo de que sea citado a declarar por el instructor. Señaló que en cuanto tenga el auto en su poder lo estudiará con su abogado. "Tengo total disposición para colaborar con la Audiencia en todo lo que sea posible", añadió el concejal.
La diputada del PSOE en la Junta General Dolores Álvarez Campillo no atendió ayer la llamada de este periódico.
El alcalde de Llanes, Enrique Riestra, indicó que el auto de la Audiencia no le sorprende y supone la respuesta de los jueces "a un modus operandi" en el Ayuntamiento durante años. Resaltó que ni a él ni a su gobierno se les puede "achacar" la decisión de la Audiencia, en lo que sonó a respuesta a las críticas lanzadas desde algunos sectores locales cercanos al PSOE por destapar casos de supuestas irregularidades del anterior gobierno llanisco.
Riestra subrayó que el hecho de que vayan a declarar como investigados una diputada y un candidato y portavoz municipal demuestra que "hay un partido que respalda ciertos comportamientos". Subrayó la Audiencia ve "sospechas más que fundadas" de la existencia de una presunta "trama" para la concesión de licencias al hotel Kaype, en la que estarían involucrados, supuestamente, "funcionarios, promotores, técnicos y políticos".
Los dirigentes de la Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL), por su lado, mostraron su satisfacción por la decisión de la Audiencia. "Es una gran noticia para Llanes, pues era mucha la gente que estaba preocupada por el devenir de este procedimiento. En lo que la cuestión pecuniaria se refiere los llaniscos pueden estar tranquilos. Sería injusto que las posibles indemnizaciones de entre seis y nueve millones de euros derivadas de este asunto, recayesen sobre los ciudadanos. Una vez este procedimiento penal acabe se verá qué responsabilidades son exigibles a estas personas. Somos optimistas", manifestó la secretaria de AVALL, María José Rodríguez.
El presidente del colectivo, Domingo Goñi, subrayó que los funcionarios investigados "ya se han visto implicados en otros procedimientos penales". Y añadió que el derribo será "el final de una barbaridad urbanística". AVALL señaló que la propiedad pudo actuar "de mala fe", al entregar al Ayuntamiento documentación errónea. "El Juzgado dirá si fue de manera deliberada, aunque es verdad que los funcionarios están obligados a contrastar la documentación y su validez", resaltó Rodríguez. AVALL solicitó la dimisión de Álvarez Campillo y de Herrero.
Podemos, finalmente, aplaudió la labor de AVALL e indicó que el PP encontró en la Federación Socialista Asturiana (FSA) un "aliado" para su intento de convertir a Llanes en la "Marbella del Norte". Añadió que la Ley de Costas del PP "facilitó la privatización" del litoral.
