Los afectados por el "caso Bankinter" en Cangas de Onís pedirán que se declare al banco responsable civil subsidiario en los juicios que se inician el 14 de abril en el Juzgado de Primera Instancia de la ciudad y que se prolongarán hasta junio.
Los juicios llegan tras el fallecimiento del exagente bancario Jesús Lobato, imputado por subscribir entre 2004 y 2013 préstamos personales, tarjetas de crédito, inversiones en bolsa y transferencias bancarias a nombre de 61 clientes en el consentimiento de los mismos, lo que les llevó a pérdidas económicas que en su conjunto rondarían los dos millones de euros. El exagente, que se encontraba en prisión preventiva por estos hechos, falleció en febrero de 2014 y con su muerte quedó extinta su responsabilidad penal en el caso.
Un total de 14 afectados, bajo el paraguas del bufete de abogados gijonés "Espacio Legal", que dirige Marcelino Tamargo, exigirán en estos juicios (habrá varios por separado) compensaciones económicas a Bankinter, al entender que hubo falta de control y vigilancia por parte del Departamento de Auditoría de la entidad
El equipo de Tamargo hace hincapié en los daños morales sufridos por sus clientes por el lapso de tiempo transcurrido desde el inicio de las diligencias previas y la "permanente incertidumbre sufrida por las continuas reclamaciones de pago de deuda (telefónicas y postales) que la entidad realizaba a sus clientes a través del Departamento de Cobro", lo que llevó a los afectados a "celebrar manifestaciones ante la sucursal y a necesitar asistencia médica continuada por el desasosiego provocado por la situación económica generada". También denuncian la infracción del derecho al honor por su inclusión en el registro de morosos de forma errónea.
Por su parte, la entidad rechaza cualquier tipo de responsabilidad civil. Bankinter niega que se haya incumplido el deber de vigilancia y defiende que cuenta con todos los medios de control posibles. "Hay actuaciones, que salvo que se ejerza, valga la comparación, como el Gran Hermano de Orwell, son imposibles de impedir", argumenta el banco, que se ampara en el hecho de que la actuación de Lobato no se desarrolló nunca en la oficina de Bankinter, puesto que en Cangas de Onís nunca la hubo. Además, señalan que el exagente actuaba en sus propios locales, con su propio horario y que la actividad de Bankinter era sólo una parte minoritaria de su negocio, siendo sus objetos fundamentales la venta de seguros y el asesoramiento fiscal. Desde la entidad también ponen de relieve que en cuanto hubo conocimiento de los hechos se Bankinter se puso en contacto con los clientes y les ofreció en junio de 2013 compensar las pérdidas. De hecho, 47 de los 61 supuestos afectados "quedaron plenamente conformes", resalta la entidad. El juicio servirá también para determinar la posible responsabilidad civil de la mujer y el hijo del exagente fallecido.
