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Condenado a seis meses de prisión un cangués por dejar morir a una tigresa

D. A. G., inhabilitado dos años para actividades relacionadas con animales, cortó la cabeza de la fiera tras su fallecimiento y se quedó con el cráneo

15.03.2016 | 04:09
El cangués condenado ayer y la tigresa.

Un vecino de Les Roces, en Cangas de Onís, D. A. G., fue condenado ayer a seis meses de prisión y dos años de inhabilitación especial para ejercicio de profesión, oficio o comercio relacionado con animales por un delito de maltrato animal: dejó morir a una hembra de tigre, a la que tenía en una jaula de 15 metros cuadrados en una nave de Les Roces y, una vez muerta, le cortó la cabeza para quedarse con su cráneo a modo de trofeo.

La defensa, el fiscal y la acción popular, ejercida por la Asociación Nacional animales con Derechos y Libertad (Anadel) y representada por la abogada Laura López Varona, pactaron la condena instantes antes del inicio de la vista oral, prevista para la mañana de ayer, en el Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo. El acusado se declaró culpable. Los hechos fueron considerados constitutivos de un delito de maltrato de animal doméstico o amansado. La pena de prisión será suspendida con condiciones: que D. A. G. no vuelva a delinquir en el plazo de 2 años, que cumpla la inhabilitación acordada y que pague una multa de 3 meses con una cuota de 6 euros diarios (540 euros en total).

Según la investigación, protagonizada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, al menos desde octubre de 2009, D. A. G. poseía una hembra de la especie Pantera Tigris, a la que, según el fiscal, "incumpliendo las normas más elementales para su adecuado cuidado y la práctica totalidad de las obligaciones legales para la tenencia, tenía ubicada en una jaula (de 5 por 3 metros) situada en la parte trasera de su taller mecánico", en Les Roces, en Cangas de Onís.

El Seprona tuvo conocimiento de la situación y, el 14 de noviembre de 2009, realizó una primera inspección, tras la cual presentó una denuncia ante la Consejería de Medio Rural y Pesca, debido a la carencia de licencia y el incumplimiento de otras obligaciones que la ley de Tenencia, Protección y Derechos de los Animales impone a los propietarios. Tras esa inspección inicial, el Seprona realizó otras, los días 3 de mayo de 2013 (tras la que se elevaron cinco nuevas denuncias frente a la Consejería) y 30 de julio de 2014 (en la que se comprobó la muerte del animal).

También el Principado, el 12 de julio de 2013, realizó una inspección en las instalaciones, donde se comprobaron diversos incumplimientos legales: carencia de cercado de seguridad de un metro y cartel indicativo de la presencia de la tigresa, carencia de una bañera de suelo no resbaladizo, obligación de presentar en un plazo de 15 días la licencia municipal de tenencia de animales potencialmente peligrosos y un seguro de responsabilidad civil, obligación de presentar justificación veterinaria de desparasitaciones y vacunaciones, y obligación de cubrir el techo con red o malla para evitar que la tigresa pudiera escapar.

Hubo más inspecciones: el 7 de agosto de 2013 se advierte a D. A. G. de que si no subsana las deficiencias, en 10 días se procedería a la incautación del animal; el 23 de agosto de ese mismo año se constató que se seguían incumpliendo las obligaciones de licencia, seguro de responsabilidad civil y seguimiento veterinario; y, meses después, se comprobó que la tigresa había fallecido.

Además se inició en enero de 2014 un procedimiento administrativo sancionador frente a D. A. G. y se le impuso una sanción de 3.100 euros y la accesoria de incautación del animal. Ante las complicaciones administrativas que le estaba provocando la tenencia de la tigresa, "el acusado optó por potenciar su desatención, lo que produjo el fallecimiento del animal, sin que con anterioridad el acusado requiriese los servicios de facultativo alguno y pese a que, ya en una inspección en mayo de 2013, el Seprona le había advertido de la "delgadez" del animal, que el acusado justificó por la existencia de un tratamiento de desparasitación inexistente", según el fiscal.

Fallecido el animal en los primeros meses de 2014, el acusado, infringiendo nuevamente las obligaciones legales, lo enterró en su finca, no lo puso en conocimiento de las autoridades y, por medios que no han podido ser determinados, le cortó la cabeza quedándose con su cráneo como "recuerdo".

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