"Mentira y gorda". Así han calificado los denunciantes del "caso Kaype" las afirmaciones en la Junta General de la consejera de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Belén Fernández, sobre que sólo el Principado solicitó la paralización de las obras ilegales de ampliación del hotel, ubicado en primera línea de la playa de Barru, en el concejo de Llanes. Tanto la Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL) como el vecino de Barru Ignacio Fernández acusaron a la Consejera de "lanzar embustes", pues tanto ellos como otro denunciante, el abogado Javier Cantalapiedra, pidieron la suspensión de las obras, en el Ayuntamiento, ante el Principado y en los tribunales.
Según la secretaria de AVALL, María José Rodríguez, la Consejera "miente" y "tiene la cara muy dura", porque ese colectivo "sí solicitó la paralización de las obras en reiteradas ocasiones, incluso sólo unos días después de que se iniciaran", en febrero de 2013. Rodríguez recordó que la Dirección General de Urbanismo ordenó a la entonces alcaldesa de Llanes, Dolores Álvarez Campillo, modificar la licencia del Kaype para adaptarla a la legalidad vigente y ordenar que pararan las obras, a lo que la regidora se negó, alegando que el director general no era quien para ordenarle nada y que todo seguiría su curso "hasta que lo ordenara la Consejera". Fernández destacó que la orden de Belén Fernández "nunca llegó" y las obras siguieron adelante, por lo que "los costes, los económicos, los jurídicos y los morales, ya no son los mismos que si se hubiera parado entonces. A la Consejera no le costó nada desautorizar con su silencio a su director general", dijo.
La secretaria de AVALL admitió que el Principado solicitó paralizar las obras, "pero lo hizo cuando le dio la gana". Y añadió que la anulación de las licencias del Kaype y la paralización de las obras, ordenada por la juez en octubre de 2014, ocurrieron "gracias a las denuncias de dos particulares y a AVALL, porque sin ellas esto ya estaría acabado y sería el 'Albarrubico'", en referencia al polémico hotel almeriense "Algarrobico", construido de forma supuestamente ilegal en primera línea de playa.
Por su lado, Ignacio Fernández calificó de "mentira y gorda" las palabras de Belén Fernández sobre que sólo el Principado solicitó paralizar las obras del Kaype. Puso como ejemplo que su abogado, Gerardo de La Iglesia, pidió en su nombre en el verano de 2013 la suspensión de las obras, ante el Juzgado Contencioso Número 2 de Oviedo, que lo denegó el 14 de octubre de 2013. "Se volvió a pedir el 13 de mayo de 2014 en el mismo Juzgado y se denegó de nuevo el 26 de junio de 2014, además con costas de 500 euros", añadió el vecino de Barru.
Ignacio Fernández resaltó que los escritos de suspensión cautelar de las obras y la nulidad de la licencia se registraron también en el Ayuntamiento de Llanes y en la Consejería de Fomento "en varias ocasiones desde el comienzo de las obras", tanto por su parte como por las de Javier Cantalapiedra y AVALL. Y "ambas administraciones hicieron caso omiso de dichas denuncias. Todos pasaron de todo", añadió el vecino, quien destacó que el Ayuntamiento, entonces gobernado por el PSOE, "incluso inadmitió de forma ilegal todas y cada una de las denuncias, como ha quedado claro en varias sentencias" posteriores.
Según este vecino, sólo "cuando comenzaron a 'caer palos'", al ir emitiéndose sentencias y al negarse la exalcaldesa a obedecer las órdenes de Urbanismo, el Principado solicitó la suspensión de las obras y la anulación de la licencia. Ello aunque ""sólo cuestionaba la edificabilidad", superior a la máxima legal permitida. Pero los jueces, finalmente, anularon "todo" lo amparado por la licencia de obras y ordenaron demoler lo construido ilegalmente. Ignacio Fernández afeó a la Consejera que quiera "colgarse medallas cuando no se merecen".
