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Llanes da dos meses a los dueños del Kaype para presentar un proyecto de demolición

El Ayuntamiento anuncia que si no se atiende su demanda elaborará en un mes el plan de derribo y lo ejecutará al mes siguiente, como ordenó la juez

22.03.2016 | 11:45
El nuevo edificio del Kaype, en Barru (Llanes).

La demolición de todo lo construido ilegalmente en el hotel Kaype está más cerca. El Ayuntamiento de Llanes ha dado dos meses a los dueños del establecimiento, situado en primera línea de la playa de Barru, para que desalojen las instalaciones y elaboren un proyecto de demolición, tal y como ordenó el pasado día 2 Pilar Martínez Ceyanes, titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Oviedo. Siguiendo el calendario marcado por la juez, el Ayuntamiento advierte de que si ni se atiende su demanda, elaborará por su cuenta el plan de derribo en el plazo de un mes, y lo ejecutará al mes siguiente. Sumados todos los plazos, la demolición del hotel Kaype, salvo que se produzca un giro radical en los Juzgados, deberá comenzar, como máximo, el próximo mes de julio, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA el pasado día 8.

La resolución municipal, dictada el día 14, pero con registro de salida el día 16, está firmada por la concejala de Urbanismo, Marián García, y se limita a repetir textualmente las órdenes de la juez Martínez Ceyanes. La orden de demolición tiene su origen en la anulación en los tribunales de justicia de las dos licencias municipales que ampararon el proyecto de ampliación del hotel Kaype y construcción de un aparthotel de tres estrellas.

Las licencias fueron concedidas por el anterior equipo de gobierno, que encabezó la socialista Dolores Álvarez Campillo, y entre las ilegalidades observadas por los jueces destaca el hecho de que el Ayuntamiento permitió agrupar tres parcelas con calificaciones urbanísticas diferentes (una urbana consolidada y dos urbanas no consolidadas), lo que supone una infracción ilegalizable, que obliga a reponer el suelo afectado a su situación anterior. Además, la licencia de obras concedió a la propiedad mucha más edificabilidad que el máximo legal permitido.

La vía del contencioso administrativo está ya únicamente pendiente de una última decisión del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) sobre un recurso presentado por el Ayuntamiento, que alega la imposibilidad de ejecutar la sentencia y demoler lo construido ilegalmente por las posibles reclamaciones patrimoniales de la propiedad. Este recurso ya ha sido desestimado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Oviedo, pero el equipo de gobierno decidió recurrir ante el TSJA. La propiedad del Kaype, la sociedad Carrera y Pérez S. L., ya ha solicitado 15,6 millones de euros en concepto de daños y perjuicios por la anulación de la licencia del Kaype. Una licencia en la que la obra a ejecutar se valoró en 5,2 millones de euros.

Las obras de ampliación del hotel Kaype, que comenzaron sin contar con la preceptiva licencia municipal en febrero de 2013, fueron paralizadas por orden judicial en el mes de octubre de 2014, cuando ya estaban muy avanzadas y tras solicitarlo el Gobierno del Principado, una vez que la anterior alcaldesa se negó a modificar la licencia de obras para adaptarla a la legalidad vigente, como le había ordenado la Dirección General de Urbanismo. Anteriormente, habían solicitado también la suspensión cautelar de las obras, para minimizar posibles indemnizaciones por daños y perjuicios, los tres denunciantes que recurrieron por la vía del contencioso administrativo: la Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL) y dos particulares, el vecino de Barru Ignacio Fernández y el abogado y segundo residente Javier Cantalapiedra. Los jueces rechazaron aquellas peticiones.

Pero, además, el "caso Kaype" tiene también una vertiente penal, que ahora instruye el TSJA, al estar investigada Dolores Álvarez Campillo, que como diputada en la Junta General del Principado es aforada. Aunque el Juzgado de Llanes decidió en un primer momento investigar sólo al anterior arquitecto municipal, A. R. N., la Audiencia Provincial revocó aquella decisión y ordenó que se tome declaración como investigados, además de a la exalcaldesa y al exarquitecto, a su sucesora en el cargo, A. L.; al técnico municipal I. V. F.; al secretario de la Corporación, S. F. M.; al titular del estudio de arquitectura que realizó el proyecto, I. T; y al exconcejal de Urbanismo y actual portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Manuel Herrero.

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