"Estoy satisfecha y con ganas de haber hecho ya la declaración. Contesté a todo lo que me preguntaron y espero que haya quedado todo perfectamente aclarado". Así de escueta se mostró ayer Dolores Álvarez Campillo, exalcaldesa de Llanes y diputada regional socialista tras testificar por un presunto delito de prevaricación administrativa en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) por la vía penal del conocido como "caso Kaype". Se trata de la ampliación ilegal de un hotel situado en primera línea de la playa de Barru.

Álvarez Campillo llegó al TSJA un cuarto de hora antes de las diez de la mañana, y su declaración ante el magistrado instructor de la causa, José Ignacio Pérez Villamil, se prolongó durante casi dos horas. Pero una vez que finalizó, no abandonó el edificio, sino que esperó hasta que declararon otros tres de los siete que fueron llamados a declarar ayer.

José Manuel Herrero, teniente de alcalde de Llanes en el momento de los hechos, declaró tras la exalcaldesa. A continuación lo hicieron la arquitecta municipal, Azul Lazo, y el técnico de administración general del Ayuntamiento, Ignacio Vázquez.

Ninguno de ellos ni sus abogados quisieron hacer declaraciones ni antes ni después de su comparecencia.

La declaración del titular del estudio de arquitectura contratado para la redacción del proyecto, José Ignacio Torre, se pospuso para las nueve de esta mañana, igual que la del secretario municipal, Santiago Fernández, y del arquitecto municipal en aquellos momentos, Ángel Rami.

Todos ellos deben explicar ante el magistrado el papel que jugaron en el proyecto de ampliación del hotel Kaype, que se ejecutó sólo en parte con dos licencias municipales que fueron declaradas nulas por un juzgado de Oviedo y por la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior. Aunque las obras ya están muy avanzadas, están paralizadas por una orden judicial desde octubre de 2014.

Quien sí hizo declaraciones fue Domingo Goñi Tirapu, presidente de la Asociación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL), personada en la causa como acusación particular porque "éste es uno de los asuntos urbanísticos más graves que estaban ocurriendo en Llanes en la anterior legislatura". Y porque, añadió, "estamos cansados de que los procedimientos vayan por lo contencioso-administrativo, se prolonguen diez años y acaben legalizando lo ilegalizable. Por eso acudimos a la vía penal".

Uno de los objetivos de AVALL es demostrar la "relación directa entre parte de la familia de la exalcaldesa y de los que construyen el hotel. El hecho está ahí y es cierto, y serán los jueces los que digan si ha habido alguna intención en esas relaciones". Aseguró que el promotor de la obra, Juan Antonio Pérez Simón, "dejó muchas perras, pero se llevó muchas también. Le han ido permitiendo muchas cosas, planes urbanísticos impresentables, que eran una de las fórmulas para favorecer a cientos de personas. Iba a ser favorecido descaradamente por el plan urbanístico".

El magistrado instructor del "caso Kaype", José Ignacio Pérez Villamil, también tomará hoy declaración, aunque en este caso en calidad de testigos, al secretario de la CUOTA, José Antonio Cullia de la Maza; al consejero delegado de Carrera y Pérez, Gaspar Carrera, y al administrador único de la mercantil Valle y Balmori, Antonio Valle.