Revelan relaciones societarias entre el dueño del Kaype y familiares de Campillo

Abogados defensores del caso del hotel de Barru intentan restringir la presunta responsabilidad penal al único funcionario investigado ya jubilado

21.04.2016 | 09:55
El nuevo edificio del hotel Kaype, en la localidad de Barru (Llanes).

La toma de declaración a seis de los siete investigados por supuesta prevaricación administrativa en el "caso Kaype", ayer y el martes en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), ha dejado claras las estrategias de varios de los intervinientes. Así, algunos abogados de la acusación han incidido durante los interrogatorios en las relaciones societarias (eran accionistas de la misma empresa) de familiares de la exalcaldesa de Llanes y actual diputada autonómica del PSOE, Dolores Álvarez Campillo, con el máximo accionista de la sociedad Carrera y Pérez S. L., propietaria del hotel Kaype, situado en primera línea de la playa de Barru, el empresario asturmexicano Juan Antonio Pérez Simón. Por su lado, algunos abogados defensores han intentado restringir la presunta responsabilidad penal al único de los investigados que ya se ha jubilado, el que fuera arquitecto municipal llanisco A. R. N.

Tras las declaraciones, el lunes, de la exalcaldesa; del exconcejal de Urbanismo y actual portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Llanes, José Manuel Herrero; de la arquitecta municipal, A. L.; y del técnico I. V. F., llegaron ayer las del titular del estudio de arquitectura que redactó el proyecto para ampliar el hotel, J. I. T.; del secretario municipal, S. F. M. y de A. R. N., así como la de varios testigos. Las testificales quedaron cerradas salvo en un caso, el de secretario de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), José Antonio Cullía de la Maza, que finalmente no prestó su declaración ayer y que será citado nuevamente como testigo, junto a dos técnicos del mismo organismo, el jueves 12 de mayo, a las 10,00 horas.

El "caso Kaype" estalló tras conceder el anterior equipo de gobierno socialista de Llanes licencias de agrupación de fincas y de obras que fueron anuladas por los tribunales de justicia. Además de la vía penal, en la que se enmarcan las declaraciones de estos días, está la del contencioso administrativo, ya solo pendiente de que el TSJA resuelva el último recurso del Ayuntamiento de Llanes por imposibilidad de ejecución de la orden de demolición de todo lo construido ilegalmente. La obra está parada por orden judicial desde octubre de 2014.

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