Ocho guardas rurales del Principado fueron interrogados ayer por la Policía Judicial en el cuartel de la Guardia Civil de Cangas de Onís por un supuesto fraude en las ayudas por daños del lobo. Durante la jornada anterior ya habían prestado declaración varios ganaderos, y el martes, otros dos integrantes de la guardería, en calidad de testigos.
La Guardia Civil sospecha que algunos guardas autonómicos pudieron peritar y certificar indebidamente la muerte de cientos de animales domésticos por ataques de lobos. Certificaciones que provocaron, por ejemplo, que en el concejo de Ponga se aprobara el pago de miles de euros a algún ganadero. Muchos de los pagos no se realizaron finalmente, al detectar la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil el presunto fraude.
El asunto se conoció hace ya dos años, durante la investigación sobre la supuesta duplicidad de pagos a ganaderos por daños del lobo (hubo quien cobró tanto del Principado como de su compañía de seguros, pese a que la legislación establece que sólo se puede cobrar una vez). La Guardia Civil quedó sorprendida por las "llamativas" indemnizaciones, que en uno de los casos -en Ponga- ascendían a 150.000 euros (no llegaron a pagarse), y por hechos como que la foto de un animal muerto se atribuyera a distintos daños, separados en el espacio y en el tiempo.
Los investigadores sospechan que "no se comprobaba adecuadamente" que la autoría del ataque fuera del lobo, que se establecían "interesadamente" los rasgos de los animales atacados (la indemnización varía en función de sus características), e incluso que en algún caso el guarda y el ganadero estarían presuntamente "compinchados" para repartirse la compensación.
La denuncia inicial partió de dos colectivos conservacionistas, la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies y la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico "ASCEL", lo que originó la denominada "Operación Loki". Esta misma semana el UCOMA remitía a la Fiscalía Superior del Principado de Asturias el resultado de sus investigaciones en el concejo de Ponga, en las que se apuntaba la presunta comisión de delitos de falsedad documental, estafa en grado de tentativa y prevaricación por parte de varios empleados públicos. El fiscal abrió una investigación, que ha comenzado con la ronda de toma de declaraciones.
Uno de los guardas que declararon ayer ante la Policía Judicial en Cangas de Onís apuntó que él y sus compañeros se sienten "víctimas" de un "conflicto entre la Administración y los ganaderos", que los ha cogido "en medio". Defendió su inocencia y aseguró que lo único que hicieron fue su trabajo; esto es, ver los daños y rellenar los informes "como siempre".
