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Parres apoya la modificación de los acotamientos que propone la junta del Sueve

El gobierno municipal promoverá una moción consensuada con los ganaderos y la oposición

26.05.2016 | 01:51

Una modificación de la normativa que regula los acotamientos en las zonas afectadas por incendios forestales. Eso es lo reclama desde hace tiempo la junta administrativa del Sueve, que exige al Principado que elimine la prohibición de pastar como mínimo un año en los montes quemados.

La junta, que aglutina a ganaderos y coterráneos de la sierra que comparten los concejos de Colunga, Parres, Piloña y Caravia, defiende que las zonas incendiadas se regeneran más rápido sin son pisadas por los animales e impiden que crezca de nuevo el matorral. Sus reivindicaciones de modificar la normativa recibieron el "total apoyo" del gobierno municipal de Parres, que ayer se reunió con el presidente de la junta administrativa del Sueve, Fernando Lozano, para tratar el tema.

En la reunión participaron el alcalde parragués, Emilio Longo, y la concejala de Desarrollo Rural, María Caneja. Los representantes municipales informaron de la convocatoria con carácter de urgencia acordada con la junta de pastos de Parres con el objetivo de consensuar una moción de todos los grupos políticos para modificar la actual normativa de acotamientos y de la intención de recurrir el decreto sobre dichos acotamientos.

Sólo en Parres hay unas 143 hectáreas de pastos acotadas este año, según Lozano. El presidente de la junta administrativa del Sueve informó ayer al alcalde de Parres del contenido de la reunión mantenida en la Dirección General de Montes el pasado lunes, a la que asistieron los alcaldes de Piloña y Colunga junto con los representantes ganaderos (el regidor parragués no estuvo presente ya que la junta es una entidad con personalidad jurídica).

Los grupos municipales del Ayuntamiento de Piloña (PSOE, PP y VIP) ya redactaron una moción conjunta de apoyo a los ganaderos que será aprobada hoy en pleno. En el documento lamentan "el grave perjuicio" que causa la reducción de hectáreas a los ganaderos que, a su juicio les lleva a perder subvenciones y favorece el crecimiento del matorral. La Corporación pidió una normativa "que tenga en cuenta a los habitantes de la zona".

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