El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 4 de Oviedo ha desestimado la denuncia presentada por el presidente de la junta de personal del Ayuntamiento de Llanes, Ignacio Vázquez Fernández, contra el Gobierno municipal por una presunta "persecución sindical". La sentencia puede ser recurrida en apelación. El sindicalista, de UGT, había recurrido dos resoluciones del cuatripartito llanisco que supusieron un cambio en sus ocupaciones: estaba en la Oficina de Urbanismo y pasó a ser encargado de la Tesorería y de las sanciones urbanísticas.
Vázquez denunció al alcalde, Enrique Riestra, y a los ediles de Urbanismo, Marián García, y Personal, Javier Ardines, por una supuesta vulneración de sus derechos fundamentales como trabajador y como representante sindical. El juez ha rechazado los argumentos del sindicalista y no observa en la decisión del Gobierno local ni "discriminación", ni "intromisión ilegítima" en el ejercicio de sus funciones. Tampoco ha habido "destitución", sino una simple "reorganización", sin que se haya probado una "finalidad ilegítima". El juez no ve relación "ni directa ni indirecta" entre las decisiones municipales y la libertad de expresión del sindicalista, ni sus derechos al acceso a la información, al honor y a la imagen. El magistrado tampoco advierte quiebra del derecho a la libertad sindical de Vázquez.
