El "caso Kaype" se enmaraña aún más, si cabe. Uno de los vecinos de Barru que recurrieron los permisos municipales para ampliar el hotel y que lograron su anulación y la subsiguiente orden de derribo, ha puesto en conocimiento de la juez la presunta utilización ilegal de varias instalaciones cuya licencia tumbaron los tribunales.
Según el vecino, Ignacio Fernández, las habitaciones de la parte ampliada en el antiguo edificio del hotel "se están utilizando y alquilando a huéspedes", y lo mismo ocurre con "la ampliación hacia el Sur del comedor primitivo", zonas ambas que "no pueden tener licencia de uso". Este supuesto uso ilegal de las instalaciones supone un "desprecio" a las sentencias judiciales, según Fernández, que critica al Ayuntamiento de Llanes por no haber adoptado medida alguna para impedirlo. Por todo ello solicita a la juez que dé instrucciones al Ayuntamiento para que sea "precintado" todo lo reformado y ampliado en el hotel.
Fernández, a través de un escrito de alegaciones al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, ha aportado pruebas: fotografías y comentarios de clientes en internet en los que aparecen, supuestamente, espacios pertenecientes a la zona ampliada del hotel, que carecen de cualquier tipo de licencia, incluidas las de uso y apertura. El escrito, presentado el miércoles ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Oviedo, alega en contra de la propuesta de la propiedad del hotel, Carrera y Pérez SL, para aplazar a octubre la demolición de lo construido ilegalmente. Fernández resalta la obligación de la "completa ejecución" del auto de derribo, que afecta tanto al nuevo edificio como a la ampliación del antiguo inmueble.
Según el recurrente, el proyecto de demolición presentado por la propiedad incumple la orden judicial de derribo, pues prevé dejar sin demoler "la losa de cimentación y el muro de sótano perimetral que no rebase la rasante del terreno", alegando que se trataría de una "demolición costosa y desproporcionada con las resoluciones judiciales". El vecino alega que la obligatoria "restauración de la legalidad urbanística alterada" no tiene "nada que ver con el coste de eliminación de la misma", por lo que exige que se derribe todo lo que se ejecutó ilegalmente.
El denunciante rechaza frontalmente el aplazamiento hasta octubre de la demolición, porque existe una orden judicial para hacerlo en julio y para evitar que se sigan utilizando zonas que carecen de licencia de uso.
