Llanes achaca a un técnico la concesión de una licencia ilegal

El Ayuntamiento revocará el permiso e iniciará una investigación para determinar posibles responsabilidades

16.06.2016 | 01:30

El Ayuntamiento de Llanes achacó ayer al error de un técnico municipal la concesión de una licencia de obras ilegal para la construcción de un almacén agrícola en Porrúa. El equipo de gobierno, que integran Foro, Vecinos x Llanes, PP e IU, una vez constatado el error, ha iniciado los trámites para abrir un expediente de lesividad y revocar la licencia. El propietario de la instalación estudia interponer una demanda contra el cuatripartito, personalizada en la concejala de Urbanismo y primera teniente de alcalde, Marián García.

El origen del conflicto se sitúa, según las autoridades municipales en un informe favorable de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) a la concesión de la licencia, pero con una condición: que todos los titulares con edificaciones a menos de cien metros del almacén diesen su consentimiento firmado a la nueva edificación.

Según la concejala de Urbanismo, un empleado municipal informó favorablemente la concesión de la licencia y ella la firmó, dando por hecho que las condiciones impuestas por la CUOTA se cumplían. Pero no fue así: dos vecinos no firmaron. "No me consta que el informe se hiciera de mala fe, pero se hizo", indicó la edil, que compareció públicamente acompañada por el alcalde, Enrique Riestra, y el concejal de Obras, Juan Carlos Armas.

Marián García asegura que antes de firmar la licencia preguntó al técnico si todo estaba en orden. "No quiero buscar culpables. Simplemente me fiaba de todo lo que me daban para firmar. En caso contrario no se podría trabajar", señaló.

Riestra anunció una investigación para aclarar lo ocurrido. Armas señaló que el técnico que firmó el informe afirma que se revisó "todo el expediente", cosa que "no se hizo". Cree que la responsabilidad está "muy clara. Cuando tenemos constancia de que el expediente está mal iniciamos el proceso para anular la licencia", añadió el concejal.

Gerardo de la Iglesia, abogado del empresario que solicitó la licencia, anunció que denunciará a García por un presunto delito de prevaricación administrativa, al paralizar la obra, y que pedirá responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento. Acusó también a la edil de plegarse a las presiones de AVALL, colectivo que desveló la irregularidad. García lo negó tajantemente.

El almacén permanece precintado por orden del Consistorio desde el viernes. García resaltó que la concesión de la licencia, el 3 de diciembre, se agilizó para que el interesado accediera a una subvención del plan Leader, cuyo plazo de presentación finalizaba "ese mismo día".

El Ayuntamiento planteo al solicitante cambiar el uso de la construcción para "arreglar el problema", pero el propietario decidió "continuar con la obra pues tenía una licencia". El 24 de mayo el cuatripartito inició el proceso para anular el permiso. "Hemos ordenado paralizar la obra de manera cautelar para no convertir esto en un nuevo 'caso Kaype'", señaló García.

"Entiendo que todo ha sido por las prisas y por el exceso de trabajo que había en la Oficina de Urbanismo", indicó Marián García, quien resaltó que a raíz de este caso se remodeló ese departamento y se apartó de él al técnico que firmó ese informe y uno del Kaype, entre otros.

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