La Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL) negó ayer que ejerza "presión alguna ni sobre particulares o instituciones" y afirmó que se limita a ejercer "su derecho democrático a denunciar" cuando considera "que las leyes y normativas en vigor han sido vulneradas". Añadió que actúa "con total independencia de quien o quienes resulten afectados" y "en defensa del interés general", y que no percibe por ello "remuneración económica alguna".
AVALL replicaba así a Gerardo de la Iglesia, abogado del vecino de Porrúa al que se ha revocado una licencia. El colectivo explicó que denunció la licencia para construir un almacén en Porrúa en cuanto supo que no se cumplieron "los requisitos impuestos" por la CUOTA; entre ellos, la firma de todos los propietarios situados a menos de 100 metros. "El interesado presenta pliego de firmas autorizando la construcción y el funcionario o funcionarios al cargo del expediente no constatan fehacientemente la veracidad de tales firmas", señaló AVALL, que destaca que al menos cuatro afectados no dieron su consentimiento y que aparecen firmas que no se corresponden con titulares en situación legal de otorgar consentimiento, lo que podría ser "una presunta falsedad documental".
