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La jueza ordena al cuatripartito precintar las instalaciones ilegales del hotel Kaype

Pilar Martínez Ceyanes da diez días al Ayuntamiento de Llanes para que informe sobre los trámites que ha realizado para demoler el edificio

17.06.2016 | 04:09
La playa de Barru y los edificios del hotel Kaype.

La juez Pilar Martínez Ceyanes ha ordenado al Ayuntamiento de Llanes que precinte antes de diez días las instalaciones ilegales del hotel Kaype, situado en primera línea de la playa de Barru. La titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Oviedo ha hecho caso a la petición del vecino de Barru Ignacio Fernández, quien hace unos días denunció el uso ilegal de instalaciones del Kaype cuya licencia habían anulado los jueces, por lo que solicitaba que fueran precintadas.

A través de una providencia a la que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, la jueza ordena a las autoridades llaniscas que procedan "al precinto de las instalaciones afectadas por la licencia anulada para asegurar su no utilización en tanto en cuanto se finalice la ejecución" de la sentencia que ordenó su demolición.

Asimismo, la jueza Martínez Ceyanes ordena al Ayuntamiento que informe "de los trámites inherentes a la demolición", ordenada por ella misma. "Todo ello en el plazo de diez días", añade la magistrada.

Martínez Ceyanes no se refiere en ningún momento a la petición de la propiedad, Carrera y Pérez S. L, para aplazar la demolición hasta el mes de octubre. La jueza, el pasado 2 de marzo, emitió un auto en el que incluyó el calendario a seguir por el Ayuntamiento para proceder a la demolición de todo lo construido junto al hotel Kaype gracias a dos licencias municipales concedidas por el anterior gobierno local, del PSOE, y que fueron declaradas ilegales por los jueces.

La jueza ordenó al Ayuntamiento requerir a los propietarios para que en el plazo de dos meses desalojaran las edificaciones afectadas por la licencia anulada y presentaran un proyecto de demolición. El proyecto se presentó, pero las instalaciones se siguieron utilizando, según la documentación aportada por Ignacio Fernández. La magistrada señalaba en su auto de marzo lo siguiente: "Dentro del mes siguiente a la notificación del proyecto de derribo, en el que se indicará el coste del mismo y el plazo para llevarlo a efecto, deberá comenzarse la demolición". La propiedad entregó el proyecto de demolición el 5 de mayo. Valoró el coste de la misma en 1,1 millones.

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