La demolición de todo lo construido ilegalmente en el hotel Kaype llegará en los primeros días de julio, según la concejala de Urbanismo de Llanes, Marián García, quien subrayó ayer que ella y sus compañeros del gobierno local son "meros transmisores" de las órdenes de los jueces.

Según la edil son precisamente los magistrados los únicos que podrían ya aplazar el derribo. Sobre la mesa está, precisamente, una petición de la propiedad, Carrera y Pérez S. L, para aplazar la demolición hasta octubre, a la que la jueza encargada de la vía del contencioso administrativo del "caso Kaype" (también está en marcha la vía penal), Pilar Martínez Ceyanes, no ha contestado. La responsable de Urbanismo señaló que si la jueza no contesta a la petición de aplazamiento se cumplirá el calendario incluido en su auto del pasado mes de marzo, en el que dio un plazo de un mes, a partir de la notificación del proyecto de demolición, para iniciar el derribo.

El proyecto de demolición fue presentado por la propiedad el 6 de mayo, pero incluía "deficiencias leves", que el pasado 7 de junio el Ayuntamiento ordenó subsanar antes de 10 días. Entre las deficiencias observadas en el proyecto de demolición figura un error en los metros afectados por la actuación y falta el visado por el Colegio Oficial de Arquitectos.

García aseguró que los servicios técnicos municipales, tal y como exigió la jueza el miércoles, elaboran ya un informe sobre los trámites realizados por el Ayuntamiento con vistas a la demolición de la ampliación del edificio principal del hotel Kaype y el nuevo inmueble anejo.

También anunció la edil que se cumplirá "en breve" otra orden de la jueza Martínez Ceyanes: precintar las instalaciones del Kaype que se construyeron al amparo de licencias ilegales, con el objetivo de que no sean utilizadas. García prefirió no dar fechas, aunque el precintado de las instalaciones debe ejecutarse antes del próximo día 26.

De otro lado, Unidos Podemos pidió "soluciones" para sentencias como la del "caso Kaype", sin que su ejecución suponga "la quiebra del Ayuntamiento". El número 3 de la formación al Congreso, Manuel González Orviz, señaló: "el tira para adelante no sirve en materia de urbanismo". La cabeza de lista, Sofía Castañón, reclamó "mayor transparencia" en las instituciones para evitar casos como el del hotel de Barru. Y el edil de IU Javier Ardines dijo que el "caso Kaype" es "un manual sobre lo que no se puede hacer en materia de urbanismo".