El anterior gobierno municipal de Llanes, del PSOE, mantuvo contratado de forma presuntamente irregular durante nueve años a uno de los arquitectos que dio "luz verde" a la ampliación del hotel Kaype, cuya demolición han ordenado los tribunales de justicia y que ha provocado una reclamación de 15,6 millones por daños y perjuicios por parte de la propiedad. El especialista fue contratado a dedo en 2006 y 2007, pero continuó trabajando para el Ayuntamiento de Llanes hasta mayo de 2015, cuando los socialistas fueron desalojados del poder municipal al unirse cuatro formaciones: Foro, Vecinos x Llanes, PP e IU.
Durante los nueve años en los que asesoró al Ayuntamiento, el Gobierno del PSOE pagó a ese arquitecto 479.106 euros (unos 80 millones de pesetas), a una media de más de 50.000 euros al año. El último contrato como asesor urbanístico, firmado en 2007, le permitió cobrar cada mes 4.550 euros brutos (3.971,61 netos) hasta hace un año. El cuatripartito llanisco ya ha entregado la documentación a los servicios jurídicos municipales, que deben ahora determinar si existe algún presunto ilícito penal. En caso afirmativo se entregará la documentación a la Fiscalía Superior del Principado de Asturias, según manifestaron ayer el alcalde llanisco, Enrique Rozas, y el concejal de Obras, Juan Carlos Armas.
Entre otros informes, el arquitecto informó favorablemente la agrupación de tres fincas que posibilitó la ampliación del hotel Kaype. lo hizo junto al entonces arquitecto municipal, A. R. N., investigado en el "caso Kaype" por un presunto delito de prevaricación administrativa junto a dirigentes políticos socialistas y otros funcionarios. Tanto la licencia de agrupación de fincas como la de obras fueron anuladas por los tribunales de justicia, lo que obliga ahora a demoler todo lo construido.
Riestra y Armas revelaron que el contrato firmado el 1 de febrero de 2006 establecía pagos de 350 euros por día de trabajo y una duración de tres meses o hasta el final del mandato, al año siguiente. El contrato de 2007 se firmó en julio, tras las elecciones de ese año y tenía una duración de dos meses y medio, extensible hasta la conclusión del objetivo establecido: resolver el excesivo volumen de trabajo de la Oficina de Urbanismo. El asesor cobró hasta 2015 cantidades anuales que fueron desde los 32.200 euros en 2006 hasta los 70.940 de 2011. El año pasado, el asesor pasó hasta mayo dos facturas, que sumaron 27.994 euros. "El secretario municipal ya ha informado de que los contratos de 2006 y 2007 son irregulares", señaló el Alcalde.
Según el regidor, cuando en 2012 el IVA pasó del 18 al 21 por ciento, "la subida se la comió el erario público, pues (el asesor) empezó a pasar facturas de 4.660 euros". Riestra mostró su extrañeza porque el pliego de condiciones técnicas fuese tan solo de una página y porque se pagaron facturas "que superan la cantidad estipulada en el contrato, de hasta 4.900 euros, que no sabemos a que concepto se deben", indicó.
El arquitecto facturó también aparte, en 2011, un proyecto de reforma de la piscina municipal por valor de 20.000 euros que nunca se ejecutó.
