El fiscal pide sobreseer la causa contra Campillo y mantenerla contra el ex arquitecto

Para el Ministerio Público, no existen indicios de que Campillo fuese consciente de lo que estaba firmando "más allá del aspecto puramente formal de que se trataba de unas licencias amparadas por informes favorables"

27.06.2016 | 16:09

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha pedido sobreseer la causa abierta contra la ex alcaldesa de Llanes y diputada socialista Dolores Campillo por conceder licencia para ampliar un hotel en la playa de Barro y mantener la condición de investigado para el ex arquitecto municipal por un presunto delito de prevaricación administrativa.

Álvarez Campillo figuraba como investigada en la causa junto a otras cinco personas para las que la Fiscalía también pide el sobreseimiento de las actuaciones, un ex teniente de alcalde, la actual arquitecta municipal, un técnico y el secretario del Ayuntamiento y el titular del estudio de arquitectura contratado por la empresa promotora para redactar el proyecto.

En el escrito dirigido a la Sala de lo Civil y Penal del TSJA, advierte, no obstante, de que existen indicios de que Campillo faltó a la verdad en su declaración, pero que no alcanzan la relevancia necesaria para afirmar que impartió órdenes a los funcionarios municipales para actuasen en un determinado sentido.

Además, considera también indiciaria la relación laboral que la empresa promotora tuvo a través de otra compañía con los hermanos de la ex alcaldesa dada la "ilógica" irresponsabilidad que atribuyó a uno de ellos al contratarlo, lo que apunta a un posible acto de favorecimiento que el fiscal ve insuficiente para acusar.

Para el Ministerio Público, no existen indicio alguno que permita afirmar que Álvarez Campillo fuese consciente de lo que estaba firmando "más allá del aspecto puramente formal de que se trataba de unas licencias amparadas por informes favorables".

En este sentido, señala que el estudio de arquitectura elaboró todo el procedimiento, asumido después por el entonces arquitecto municipal, "lo que hizo que todos los 'errores' (siempre favorables a la propiedad) se trasladasen a los expedientes administrativos".

Hasta tal punto fue así, añade el Ministerio Público, que al explicar las contradicciones fue también el despacho de arquitectos el que elaboró las justificaciones e incide además en que el expediente sobre las condiciones urbanísticas de tres parcelas nunca se unió al informe de la Oficina Técnica, decisión que considera no pudo ser "un simple descuido" del arquitecto municipal.

El Ayuntamiento, añade, se limitaba a "tomar por bueno" lo que desde el despacho de arquitectos se les presentaba y considera sorprendente que se emita un certificado de condiciones urbanísticas "dando por buenos" los datos aportados por el redactor del proyecto -el estudio de arquitectos- sin comprobar los mismos.

Para el Fiscal, los hechos ponen de manifiesto una tramitación irregular "en la que siempre sale beneficiada la propiedad" pero fundamentada en criterios técnicos fundados sin que haya pruebas de que hubiese presiones o interferencias sobre los técnicos.

El delito de prevaricación, recuerda el escrito, exige que se actúe a sabiendas de su injusticia y que, en casos como este, el hecho de que de las autoridades públicas firmen las resoluciones amparadas en informes técnicos favorables hace muy difícil poder afirmar que existe esa "conciencia de la injusticia".

En el caso del ex arquitecto municipal, el único de los siete investigados hasta ahora para el que se pide continuar con el procedimiento, el fiscal considera que actuó "a sabiendas de su injusticia" ya que era perfectamente conocedor de que los cálculos utilizados no respondían a la realidad de las fichas catastrales de las parcelas en las que afirmó haber basado sus informes.

Hace un año la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA anuló la decisión municipal de conceder licencia de obra a la ampliación del hotel Kaype otorgando una edificabilidad superior a la permitida en dos de las parcelas donde se realizó la ampliación, catalogados como suelo urbanizable no consolidado.

Además declaró nula la autorización concedida por el Ayuntamiento de Llanes al promotor de la obra para realizar la agrupación de tres fincas, la que ocupa actualmente el hotel y dos parcelas anexas.

Las obras de ampliación fueron paralizadas cautelarmente por los tribunales en octubre de 2014 cuando estaban concluidas tras acometer una inversión próxima a los cinco millones y después de que las licencias concedidas fueron recurridas por un vecino.

Tras la decisión del TSJA los propietarios del hotel reclamaron al Ayuntamiento una indemnización de 15,6 millones de euros por responsabilidad patrimonial tras la anulación de la licencia de obras que concedió el anterior equipo de gobierno en marzo de 2013.

Además, el juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Oviedo ha decretado que la demolición de la ampliación del establecimiento debe comenzar a ejecutarse, como máximo, este verano para restaurar así la legalidad urbanística alterada.

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