Las instalaciones del hotel Kaype construidas gracias a dos licencias municipales anuladas por los tribunales de justicia quedaron ayer precintadas por orden del Ayuntamiento de Llanes, organismo que a su vez cumplía el requerimiento del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Oviedo. Tanto la ampliación del hotel como el nuevo edificio, construidos al amparo de los permisos ilegales, no podrán ser utilizados a partir de este momento para ninguna actividad, y así seguirán hasta su demolición, ordenada también por los jueces. ¿Cuándo se producirá el derribo? Según el alcalde de Llanes, Enrique Riestra, depende de si la jueza atiende o no la petición de la propiedad para aplazarlo hasta el mes de octubre. Si la respuesta es negativa o no hay en unos días un auto judicial sobre la solicitud de la propiedad, la demolición comenzará este mismo mes de julio. "La jueza debe guiar todo el proceso", señaló.
El regidor indicó que el Ayuntamiento ha solicitado informes periciales sobre el coste de la demolición, al considerar que el "caso Kaype" desembocará en un procedimiento de responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento. "Entendemos que está bien encargar otros informes periciales de demolición ante una posible reclamación", indicó. La propiedad ya ha anunciado que reclamará 15,6 millones por daños y perjuicios derivados de la anulación de las licencias.
El precinto de las instalaciones del Kaype, un hotel situado en primera línea de la playa de Barru, comenzó a las diez y media de la mañana, con la participación del sargento-jefe de la Policía de Llanes, Miguel Gómez; la arquitecta municipal, Azul Lazo, y el vigilante urbanístico, Julio Canteli. La actuación se prolongó durante dos horas.
Entre las áreas precintadas figuran todo el edificio de nueva planta (sin concluir, tras ordenar la jueza la paralización de las obras en octubre de 2014); la zona que une ese inmueble con el primitivo, que se ha utilizado como comedor en varias ocasiones, y diversas habitaciones situadas en la zona ampliada del edificio principal. Pese a que la anulación de las licencias que permitieron ampliar el hotel Kaype llevaba implícita la prohibición de utilizar las zonas afectadas (también sin licencias de apertura y uso y actividad), un vecino de Barru denunció que, en realidad, sí estaban abiertas al público, por lo que reclamó al Juzgado su precinto.
La jueza atendió la petición de este particular y, el 16 de junio, ordenó al Ayuntamiento el cierre de las instalaciones antes de 10 días hábiles. No obstante, el organismo municipal tardó varios días en recibir el escrito de la jueza. De hecho, el plazo impuesto por la magistrada se cumplía ayer.
El equipo de Gobierno desveló hace unos días que el secretario municipal, Santiago Fernández, no había informado aún sobre qué instalaciones debían ser precintadas. Finalmente, fue una técnica de Urbanismo la que interpretó la orden judicial.
El precinto es consecuencia de la vía contencioso administrativa del "caso Kaype", cerrada hace unas semanas, al confirmar el Tribunal Superior de Justicia de Asturias la orden de demolición dictada por una jueza ovetense. La vía penal del "caso Kaype" tiene como investigados a varios políticos y empleados municipales, así como al titular de un estudio de arquitectura. No obstante, el fiscal ha pedido mantener como investigado solo al anterior arquitecto municipal, A. R. N., y exculpar al resto de los afectados.
