El alcalde de Colunga, el socialista Rogelio Pando, lamenta que el conocido como "caso Pacoli" haya llegado hasta el punto actual, en que se iniciará el derribo antes del 9 de agosto. Así lo ha comunicado el propio Ayuntamiento al Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 5 de Oviedo, según avanzó esta semana LA NUEVA ESPAÑA y en cumplimiento del dictamen que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) respaldó sobre la imposibilidad de legalizar una nave construida en suelo agrícola con una licencia municipal que ha quedado invalidada.

"Desde el primer momento que eso está ahí siempre intenté luchar lo más posible para poder salvarlo", explicó ayer el regidor, quien asegura no haber buscado "culpables". La demolición del edificio es, a todas luces, "algo que se quería evitar" y Pando asegura que desconocen "hasta donde va a llegar, todavía no llegó el día definitivo".

Sobre la posibilidad de que los propietarios de la nave interpongan una demanda para reclamar una indemnización (la nave fue construida con licencia municipal), el Alcalde aseguró no tener "ni idea. No sé a lo que puede ascender ni en qué va a acabar", expulso al tiempo que lamentó que no fueron "capaces de evitarlo, con todo lo que se luchó". En las filas de la oposición, Miguel Hornillos, portavoz de Foro, lo tiene claro: "sólo queda la obligación del cumplimiento de la sentencia que en su momento obligó al derribo". El concejal forista no duda de la "buena voluntad" del equipo de gobierno, ya socialista, que trató de sacar adelante un plan especial para legalizar la construcción y cree que la responsabilidad es "compartida".

Entre "todos los equipos de gobierno local, partiendo de aquellos que en su momento dieron la licencia". También encuentra "responsabilidad" en la Comisión de Urbanismo y Organización del Territorio (CUOTA) y en "los titulares de la nave. Ha habido cosas mal hechas por todas las partes", añadió Hornillos, quien también lo reparte hacia los dos partidos que han gobernado desde entonces, PSOE y PP. En cuanto a la CUOTA, asegura que fue aprobación la que motivó que el Ayuntamiento diera licencia para construir "en unos terrenos en los que sabía que no se podía hacer". En cuanto a los propietarios de la nave, Hornillos rememoró que "iniciaron las obras sin la preceptiva licencia y las desarrollaron con un incremento mayor al que otorgaba la licencia".

El portavoz lamenta, además, el impacto que tendrá una posible indemnización en las arcas municipales y que "los responsables políticos no tengan ningún tipo de responsabilidad, económica o penal, que les permite cometer, a sabiendas, infracciones que generan perjuicio a las arcas municipales".