El Ayuntamiento de Llanes ha pedido auxilio a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) para seguir adelante con la demolición de todo lo construido ilegalmente en el hotel Kaype, situado en primera línea de la playa de Barru. La petición se produce tras rechazar el secretario municipal informar sobre el derribo, ya que está siendo investigado por presunta prevaricación urbanística en el proceso penal del "caso Kaype". Esta situación ha obligado a las autoridades municipales a solicitar que sea un funcionario de la CUOTA el que informe el proyecto de demolición y avale la expedición de la licencia de derribo.

El alcalde llanisco, Enrique Riestra, señaló que la "única intención" del cuatripartito es "cumplir con lo estipulado" por la juez que ordenó demoler, pero que hay "dificultades derivadas de un caso tan complejo como este y en el que está tanta gente involucrada". Y añadió: "todo lo que estamos haciendo lo estamos mandando también al Juzgado para que sepan como van las cosas. No tenemos plazos. Necesitamos hacer el informe y expedir la licencia, y los funcionarios que lo tienen que hacer no lo hacen al estar investigados. Esa es la realidad", señaló el regidor.

El cuatripartito solicitará informes periciales alternativos al proyecto, para comprobar, según la vicealcaldesa, Marián García, "si está inflado" (cifra en 1,3 millones el coste del derribo). No obstante, no un proyecto municipal de demolición alternativo.

Por su lado, el Grupo municipal Socialista de Llanes reclamó al equipo de gobierno que los servicios técnicos de urbanismo y jurídicos municipales, o "quien el equipo de gobierno considere oportuno", estudien la posibilidad de legalización de las obras ejecutadas, al menos, en la parcela 29 del Kaype, que tiene calificación urbanística de suelo urbano consolidado y en la que se han desarrollado parte de las obras de reforma y ampliación del hotel. Asimismo, añaden en el hipotético caso de que esto sea la legalización sea posible, que el Ayuntamiento de Llanes inste, "de forma urgente, a la propiedad a que proceda a la solicitud de legalización, tal y como contempla la legislación vigente". El PSOE cree que ha de actuarse así "por estrictas razones de interés público".