La demolición de la ampliación del hotel Kaype de Barru (Llanes) será pospuesta hasta el final del verano con el fin de que la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) conceda la autorización de tránsito de camiones por la servidumbre de paso de la laguna El Llagú, requisito que falta para completar el expediente de demolición del inmueble. Así lo comunicó ayer el Juzgado de lo Contencioso número 2 de Oviedo en un auto. En el mismo se pone el 30 de septiembre como fecha límite para conseguir la pertinente autorización de la CHC.

A finales de mayo, el Ayuntamiento de Llanes había solicitado a la empresa encargada del derribo, Carrera y Pérez, determinada documentación, en concreto el visado colegial, la justificación del mantenimiento de las escaleras exteriores del ala oeste, la correspondencia entre las superficies reflejadas en el actual proyecto de demolición con las reflejadas en el proyecto de obra, la documentación gráfica de ejecución del forjado de cubierta completo del ala oeste y la justificación del código de seguridad. Ninguna referencia se hacía, sin embargo, al permiso que debía conceder la CHC al tránsito de camiones por una zona de protección.

En principio, la jueza había indicado que se mantuviese el calendario de obra de la demolición, pero el auto de ayer resuelve esperar "porque resulta prudente esperar a la concesión de dicha autorización con el fin de que la demolición se realice con todas las garantías". Asimismo, indica que "dadas las fechas en que nos encontramos y con el periodo de inhabilidad del mes de agosto, se considera prudencial fijar como plazo para la obtención de tales autorizaciones el día 30 de septiembre, a partir de cuya fecha procederá dar cuenta de lo acontecido".

Este es el último capítulo de un culebrón urbanístico que se arrastra desde hace años. La demora del inicio de las obras de demolición puede servir para que el Ayuntamiento de Llanes gane tiempo para su último movimiento: el requerimiento a los dueños del Kaype para que soliciten la legalización parcial de la obra. Los dirigentes municipales dieron este paso atendiendo a un informe de la arquitecta municipal, emitido el día 1 de julio, en el que esta muestra su convencimiento de que lo ejecutado en suelo urbano consolidado pueda librarse del derribo, pese a que las dos licencias que avalaron esas obras fueron anuladas por los tribunales y a que los jueces ordenaron demoler "todo" lo construido.