El Ayuntamiento de Llanes incumplió la orden judicial de precintar todas las áreas del hotel Kaype afectadas por la anulación de la licencia municipal de obras, según denunció ayer un vecino de Barru, Ignacio Fernández, personado como demandante en la vía del contencioso administrativo del denominado "caso Kaype". Este vecino presentó ayer un escrito, al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA ante la jueza Pilar Martínez Ceyanes en el que, entre otros documentos, incluyó varias fotografías en las que se observa la presencia de varias personas en áreas del hotel que, según indica, deberían de haber sido precintadas por el Ayuntamiento de Llanes.
Las autoridades locales ya señalaron en su día que se precintaron aquellas zonas del hotel que indicaron los servicios técnicos municipales, y que estos tenían "serias dudas" sobre las áreas a precintar, puesto que en el Kaype se ejecutaron obras de índole: reforma de una parte del viejo edificio, ampliación del mismo y construcción de un nuevo inmueble.
Ignacio Fernández, representado por la abogada Lucía García, basa su denuncia, además de en las fotografías ya citadas, en un escrito remitido a la jueza por la empresa propietaria del hotel, Carrera y Pérez S. L., al que también ha tenido acceso este periódico, en el que se explica que las nuevas habitaciones que están siendo utilizadas por clientes, situadas en la zona reformada del viejo edificio, no fueron precintadas por el Ayuntamiento.
Carrera y Pérez añade en el escrito que está cumpliendo "de forma estricta" el acta de precinto, como, según indica, han podido constatar los miembros de la Policía Local que se están personando "de forma reiterada" en el hotel Kaype "con motivo de las continuas denuncias presentadas por la contraparte", en referencia a Ignacio Fernández. Subrayan los dueños del Kaype los "graves inconvenientes" que las "infundadas e insistentes denuncias formuladas por la contraparte están ocasionando en el normal funcionamiento" del hotel. Considera esa actitud una "persecución", que está poniendo "en peligro" el funcionamiento del negocio.
Ignacio Fernández, por su lado, considera que el hecho de no haber precintado esas habitaciones supone el incumplimiento de la orden judicial de precinto dictada por la propia Martínez Ceyanes. "El Juzgado acordó el desalojo de las edificaciones afectadas por la licencia, sin hacer distinción alguna ente las obras de reforma y las de ampliación" y acordó posteriormente "su precinto", por lo que el reconocimiento de que no se han precintado algunas zonas del hotel "no hace sino confirmar la realidad de las denuncias" que ha presentado.
El denunciante solicita a la jueza que adopte "todas las medidas que resulten oportunas, haciendo los apercibimientos a los funcionarios y autoridades municipales" para el cumplimiento "de las órdenes de desalojo y precinto". La demolición de la zona ampliada del Kaype y el edificio de nueva planta debe comenzar, por orden judicial, antes del 30 de septiembre.
