El uso de emisoras de radiofrecuencia (walkie-talkies) por parte de los conductores del plan de transporte a los Lagos ha generado una agria polémica entre algunos trabajadores de ALSA por un lado y la empresa y Comisiones Obreras (CC OO) por otro. Varios trabajadores alertaron ayer sobre el "grave riesgo" que a su juicio supone el uso de walkies durante la conducción. Destacan que esta práctica está "expresamente prohibida" por la legislación española en materia de tráfico. Afirman que los trabajadores son "obligados" a utilizar las emisoras por la empresa durante el trayecto, "que discurre por una carretera muy estrecha y de suma peligrosidad". Y añaden que las emisoras, "no homologadas y sin manos libres, obligan a los conductores a soltar las manos para atender la comunicación y ordenes de la empresa, generando en todo momento una grave situación de riesgo, dadas las especiales condiciones de esta vía. La denuncia incluye fotos y vídeos en los que se ve a conductores del plan hablar por emisoras.

La denuncia ha sido rechazada por la empresa y por CC OO. Un portavoz de ALSA subrayó que las emisoras son "instrumentos de trabajo" y que su uso está "recogido y amparado por el convenio colectivo del sector de transportes por carretera del Principado". Añadió que los walkies, lejos de poner en riesgo la seguridad de los viajeros, "la mejoran", pues los conductores pueden así avisarse "a la hora de cruzarse los autobuses en puntos concretos sin visibilidad ni posibilidad de maniobra, en una carretera de alta montaña, en la que no hay cobertura de telefonía móvil".

Manuel García, responsable del sector del Transporte de CC OO (mayoritario en ALSA), calificó de "sospechoso" y "poco creíble" que surja esta denuncia "después de doce años" de funcionamiento del plan a los Lagos. Aseguró que las emisoras se han utilizado "siempre" y que su utilización está recogida en el artículo 38 de convenio del sector. Relacionó la denuncia con la sanción de dos meses a un empleado de ALSA por comer una manzana mientras conducía, lo que provocó una denuncia por "persecución laboral" del sindicato al que está afiliado, la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI). Según García, quitar las emisoras supondría "un grave riesgo" para los usuarios de los autobuses.