La jueza encargada de la vía administrativa del "caso Kaype", Pilar Martínez Ceyanes, decidirá en un mes si es posible o no legalizar una pequeña parte de lo construido gracias a dos licencias concedidas por el anterior Gobierno municipal de Llanes, del PSOE, que fueron anuladas en los tribunales de justicia. Hay dos visiones radicalmente diferentes. La propiedad, Carrera y Pérez S. L., pretende salvar del derribo la ampliación del antiguo hotel Kaype, al estimar que puede legalizarse. Por el contrario, el vecino de Barru que recurrió las licencias, Ignacio Fernández, defiende que debe derribarse todo lo ejecutado, excepto la zona reformada del viejo hotel. La diferencia no es asunto baladí: la propiedad ha proyectado el derribo de unos 5.500 metros cuadrados, mientras que el denunciante reclama que se echen abajo casi 6.800 metros cuadrados. Hay un tercer informe, del Ayuntamiento de Llanes, cuya arquitecta expone que sí se puede legalizar una parte del antiguo edificio, pero no detalla cuántos metros estarían afectados por esa legalización.
La jueza ha llamado a las tres partes en litigio (el Ayuntamiento de Llanes está personado como codemandado) para que se pronuncien antes del 6 de octubre sobre la posibilidad de legalizar esos aproximadamente 1.300 metros cuadrados que se corresponden con la ampliación del edificio original. A continuación, la jueza tendrá quince días para tomar una decisión sobre el futuro del hotel Kaype, situado en primera línea de la playa de Barru.
En todo caso, todas las partes implicadas dan por hecho el derribo del edificio de nueva construcción, que suma 5.481,50 metros cuadrados (2.548,10 de garaje sótano y 2.933,40 de las plantas). El proyecto para demoler este edificio está informado por la arquitecta municipal y ya cuenta desde hace un mes con la licencia de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico para el paso de camiones por una zona de su competencia. Solo resta, por lo tanto, que la jueza le dé el visto bueno definitivo.
Pero el asunto es mucho más complejo de lo que parece a simple vista. Primero, porque la licencia de obras concedida en su día por el Ayuntamiento de Llanes permitía acometer tres trabajos diferentes: la reforma de una parte del antiguo edificio, la ampliación de ese mismo inmueble y la construcción de una nueva edificación, lo que obliga a aclarar qué zonas han de ser demolidas y cuáles no. Pero hay más: la propiedad alega que la parcela de suelo urbano consolidado (sobre la que se asienta el antiguo hotel) en la que sería posible legalizar parte de lo construido tiene 5.669,61 metros cuadrados de superficie, mientras que el denunciante sostiene que suma únicamente 4.767 metros cuadrados. La arquitecta municipal incluyó en todos sus informes la medida que aporta la propiedad (basada en lo que figura en el Catastro), mientras que el Registro de la Propiedad recoge la cifra que aporta Ignacio Fernández.
"Fraude de ley"
Según el denunciante, "lo único vinculante y válido" a efectos urbanísticos es lo que consta en el Registro de la Propiedad antes de la agrupación de fincas anulada por lo jueces; esto es, los ya citados 4.767 metros cuadrados. Y añade que agregar a esa parcela más suelo para cualquier fin urbanístico, sin existir plan general de ordenación como ocurre en Llanes, donde todos los que han existido han sido anulados por los jueces, es "un fraude de ley". Y así lo defenderá ante los tribunales de justicia.
Pero el "caso Kaype" tiene también su vertiente penal, en la que está siendo investigado por un presunto delito de prevaricación urbanística el anterior arquitecto municipal, A. R. N., ya jubilado, tras haber sido exculpadas otras seis personas, entre ellas la anterior alcaldesa de Llanes, Dolores Álvarez Campillo. El Ayuntamiento de Llanes ha recurrido el auto judicial que exculpó a seis de los siete investigados.
