El conflicto abierto entre el inspector de la Policía Local de Llanes, Miguel Gómez López, y los agentes ha llegado a un punto de no retorno. Varios acontecimientos acaecidos la semana pasada, entre ellos un incidente entre el inspector y un agente que terminó con una denuncia por supuesta insubordinación y amenazas de muerte, presentada en el juzgado por Gómez López, y con la retirada del arma al agente, a quien se le abrió un expediente disciplinario de investigación, y otro supuesto altercado verbal en el mercado semanal, con un supuesto trato vejatorio del jefe de la Policía hacía varios vendedore han colmado la paciencia de la mayoría de la plantilla de policías que, sin tapujos, habla de acoso laboral por parte de su responsable desde el año 2002.
Varios agentes integrados en los sindicatos Sipla y Usipa mantuvieron en la mañana de ayer una reunión con el equipo de gobierno en la que pidieron que se tomen medidas contra el inspector. Previamente, los policías presentaron varios escritos de denuncia en el registro municipal.
"Tenemos confianza total en el equipo de gobierno para que se ponga freno a esta situación", señalaron ayer los agentes. Por el contrario, el inspector de la Policía Local, Miguel Gómez López, habla de una "campaña para meter presión mediática sobre la Alcaldía a fin de tapar graves insubordinaciones acaecidas en los últimos días".
Niega también Miguel Gómez las supuestas vejaciones hacía una vendedora en el mercado semanal. "Solicité el sábado la apertura de un expediente informativo para dar mi versión de los hechos", aseguró ayer.
Acabar con la "actitud de acoso y persecución" por parte del responsable de la Policía Local y que se atiendan sus demandas para dar un servicio del calidad son algunas de las peticiones que los agentes trasladaron ayer al cuatripartito. El Sipla ha pedido también que se retire el arma al inspector de la Policía Local y que se le abra expediente por los hechos acaecidos el jueves y el viernes entre éste y un agente.
El Usipa asegura en el escrito presentado ayer en el Registro del Ayuntamiento que el inspector de Policía "está provocando al personal a su cargo con órdenes arbitrarias que en algunos casos son imposibles de cumplir y otras que son contrarias a la seguridad personal de los agentes en servicio".
Dichas órdenes arbitrarias, según los agentes, son ordenar servicio administrativo a agentes que no han sido instruidos para ello y a los que el inspector ni siquiera les facilita las claves para poder acceder a programas informáticos, o nombrar turnos unipersonales de servicio completo de patrulla fuera del caso urbano de Llanes sin apoyo de compañeros. En el escrito del Usipa se especifica que "las medidas arbitrarias dictadas verbalmente a un agente han desencadenado la retirada del arma reglamentaria al mismo y la apertura de un expediente disciplinario".
"Llevamos catorce años soportando un mobbing colectivo organizado por el inspector", aseguraron ayer varios agentes. Sostienen que la continuidad de las prácticas de acoso por parte del inspector pueden suponer una merma en su salud física y picológica que puede derivar en bajas laborales y en la apertura de expedientes disciplinarios. Gómez López niega también toda acusación de acoso laboral, "salvo que como tal se entienda enviar, en algunas ocasiones, a un agente solo a regular el tráfico al colegio Valdellera de Posada", manifestó.
