La decisión sobre el contrato del agua en Colunga debió haberse tomado con un estudio actualizado (no con los elaborados para la prórroga de 2011) y previa manifestación del Pleno. Así lo expresó el servicio de Intervención del Ayuntamiento en noviembre de 2015, cuando "aún" había tiempo "de decidir sobre la prórroga del contrato" con Asturagua.

Fue el portavoz de Foro Asturias, Miguel Hornillos, quien sacó este informe a colación durante el pleno monográfico que él y los cuatro concejales del PP solicitaron para que el PSOE, en el gobierno con mayoría absoluta, diera explicaciones sobre el contrato del agua.

La adjudicataria lleva gestionando el agua en Colunga desde el año 2001, y en 2011 se firmó una prórroga por cinco años que caduca el próximo 23 de noviembre. De este último contrato quedan por amortizar 257.000 euros del segundo depósito que la empresa construyó en Gobiendes, una cantidad que, si se renueva el contrato, se recogerá como amortización y, si no, tendrá que ser devuelta.

Pese a que el servicio de Intervención asegura en su informe que "nada impediría" abonar el dinero, el informe pone su mayor acento en que no se dispone "de un estudio económico financiero de la concesión con datos actualizados, que sería deseable; y ello porque han cambiado varios de los elementos de ingresos y costes del contrato: tarifas, usuarios, el IPC, los costes de energía...". Esta información actualizada habría sido, a juicio del técnico, "necesaria para una toma de decisiones debidamente fundamentada".

Un Juzgado de Avilés y el Tribunal de Cuentas están investigando en la actualidad la "insuficiente acreditación de la totalidad de las mejoras ofertadas por el concesionario" en los contratos de 2001 y 2011, cuando se construyó el primer depósito en Gobiendes.

El alcalde, el socialista Rogelio Pando, defendió la legalidad de la gestión y aseguró que la documentación acreditativa ya ha sido enviada. La portavoz del grupo, Sandra Cuesta, justificó la prórroga por la existencia de estas dos sentencias pendientes, y esgrimió los 303.000 euros que ingresa la empresa anualmente y los 297.881 de gastos, a lo que la portavoz popular, Cristina Alonso, reaccionó asegurando que ninguna empresa trabaja para perder dinero. Miguel Hornillos, por su parte, reiteró la petición de un análisis económico antes de renovar el contrato y apostó porque sea el propio Ayuntamiento el que gestione el agua, a lo que Pando y Cuesta adujeron que no se dispone de la maquinaria ni del personal suficiente como para arreglar las averías del sistema de abastecimiento y gestionar las facturas de los usuarios, las dos tareas principales de la concesionaria. Ambos defendieron, además, el que consideran un "buen servicio para los vecinos" y rememoraron la época en que "había cortes de agua constantes". El forista defendió el "ahorro económico" para las arcas municipales y para los vecinos que habría supuesto considerar otras ofertas o asumir la gestión.