"Hay que adaptar la normativa al territorio en el que estamos. Aquí no hay fincas de 10.000 metros cuadrados, como exige la normativa", aseguró Dorita Díaz Posada, propietaria de la quesería Vega de Tordín, una de las instalaciones que tras el fallo del Tribunal Supremo han quedado en sin soporte legal. Díaz Posada fue una de las afectadas por la tragedia de Llambrias, la rotura del canal de agua de la minicentral eléctrica en Arenas que provocó la muerte de una persona, heridas a otras tres y la destrucción de dos viviendas y de dos queserías, entre ellas la suya. Hace un año abrió una moderna instalación donde produce 40 quesos diarios y donde se puede ver el proceso de elaboración de este manjar. Ocho mil personas han pasado por allí desde entonces.
