La sentencia del Tribunal Supremo que ha dejado a tres queserías de Cabrales preocupa en el concejo; sobremanera, en el seno del Consejo Regulador de la denominación de origen protegida "Cabrales", pues el fallo impide abrir nuevas instalaciones. El equipo de gobierno tripartito -PP, Foro y Somos Cabrales- confía en reconducir la situación tramitando nuevamente, desde cero, los cambios normativos anulados por los jueces. Pero dos abogados consultados creen que será fácil.
La presidenta del Consejo Regulador, Jéssica López, admitió ayer que está "descolocada" por la sentencia del Supremo. Espera tener muy pronto toda la información para conocer la situación real en la que está su quesería, una de las tres que se construyeron con el aval de los cambios normativos ahora anulados por los tribunales de justicia, entre los que figuraba la rebaja de 10.000 metros cuadrados a 3.000 de la parcela mínima para abrir una industria de transformación láctea.
"Nos dieron una licencia de apertura y hemos cumplido con toda la normativa. Tendrán que darnos una solución. No es fácil hoy en día montar un negocio como el que tenemos en un pueblo como Sotres, donde no existen fincas ni de 3.000 ni de 10.000 metros cuadrados. Ponen estas trabas por un lado pero luego quieren que se siga con la tradición y que hagamos productos de calidad. Es todo un poco absurdo", manifestó. La paralización de la apertura de nuevas queserías preocupa a López. "Se debe buscar una solución. Hay mucha gente joven que quiere volver a los pueblos y este tipo de cosas no ayudan. A veces se hacen normas y leyes que no tienen mucho sentido", señaló.
El alcalde de Cabrales, Francisco González (PP), manifestó su empeño en tramitar de nuevo los cambios urbanísticos anulados. Destacó que el objetivo de las modificaciones es "facilitar" la apertura de queserías por parte de los jóvenes que quieren incorporarse a esta actividad y "seguir la tradición". "Bastantes trabas existen en las normativas autonómica y nacional como para que los ayuntamientos pongamos más", añadió González, quien destacó que el queso de Cabrales es el "motor económico del concejo", junto con el turismo, un sector con el que aquel también está íntimamente relacionado.
El portavoz del PSOE, José Sánchez, que ayer aún no había recibido la sentencia por parte del Ayuntamiento, manifestó su "preocupación" por la situación en que la sentencia ha dejado al concejo y su temor porque el equipo de gobierno "caiga de nuevo" en otro error a la hora de tramitar las modificaciones urbanísticas como consecuencia de "las prisas". Defendió facilitar la labor de los queseros, pero "cumpliendo la legalidad", añadió.
Raúl Bocanegra, abogado de la vecina de Tielve que impugnó los cambios urbanísticos, arremetió contra la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), a la que calificó de "organismo caciquil", por haber dado de paso los cambios normativos en Cabrales ("y en otros municipios", añadió el letrado) contra lo que exige la legislación vigente, en lo que considera una "clara dejación de la lucha contra la corrupción", que fue la razón por la que el Gobierno de Rodríguez Zapatero aprobó en 2007 la norma incumplida en el caso cabraliego: listar el nombre de los propietarios de las fincas afectadas por las recalificaciones urbanísticas.
Alejandro Huergo, que era en los inicios del pleito socio del despacho que presentó la demanda, destacó que al haberse estimado el recurso solo por un motivo de forma, el Ayuntamiento y la CUOTA podrían, en teoría, aprobar de nuevo los mismos cambios normativos. Pero en la demanda se señalaron también motivos de fondo, como que en los núcleos rurales no caben los usos industriales, un asunto "importante que acabará planteándose en el futuro este o en otros casos". Esto es, si el Ayuntamiento aprueba de nuevo flexibilizar la apertura de queserías "se podría volver a impugnar, alegando los motivos que no fueron resueltos" en el juicio "u otros nuevos".
