Los titulares de bares de playa se muestran muy sorprendidos por la tasa que el Ayuntamiento de Llanes pretende aplicar a esos locales en concepto de apertura a partir del próximo verano y porque la concejala de urbanismo, Marián García, no haya contado con ellos a la hora de redactar la ordenanza que ayer se aprobó de manera inicial el Pleno y que regulará esta actividad. Ayer, tras hablar con el alcalde, Enrique Riestra, concretaron una reunión con la edil de Urbanismo para hoy por la tarde. García anunció el viernes que los bares de temporada que se instalen sobre terreno público deberán pagar a partir del año que viene en concepto de apertura 1.800 euros. Si se abren en terrenos privados deberán pagar 500 euros hasta 50 metros cuadrados y otros 12 euros por cada metro cuadrado de más.

"Unos estamos en dominio público y otros en zona de servidumbre y hay chiringuitos que están pagando una licencia de apertura a Costas. No sabemos si el dinero de la tasa se va a quitar o si se va a sumar a lo que ya pagamos. Son cosas que queremos tratar con la concejala de Urbanismo", dijo del presidente de la asociación de chiringuitos llanisca, Ángel Sánchez Peón, quien sostiene que no se niegan a pagar una tasa siempre que sea "justa, equitativa y razonable". Pero "los precios que dieron el otro día, en principio, nos parecen desmesurados. Llanes no es como en otras zonas turísticas del país donde hay un ratio de funcionamiento más amplio. Nosotros trabajamos dos meses al año y en ocasiones, por el tiempo, mes y medio. No es equiparable a un negocio que funciona 365 días al año", dijo.

Por su lado, la Asociación de Hostelería y Turismo de Asturias, OTEA, mostró su contrariedad por la creación de la tasa. Defiende que el Consistorio se deberían haber puesto previamente en contacto con el sector antes de llevar al pleno la nueva ordenanza.

"Se ha creado una situación de incertidumbre por desconocimiento", señala el colectivo, que cree que una medida de tanto calado como esta se debería tratar "a nivel regional. Entendemos que debe ser algo igual para toda Asturias. Estábamos en contacto con el Principado para tratar de regular ese tipo de instalaciones pues hay mucha incertidumbre. Lo que no tiene sentido es que se tuviese que pagar a Costas y también al Ayuntamiento", señaló OTEA.