La cuenta atrás ha empezado. El Ayuntamiento de Llanes ya ha recibido el auto judicial que ordena iniciar antes de diez días la demolición de todo lo construido ilegalmente en el hotel Kaype, situado en primera línea de la playa de Barru. Será el mayor derribo de la historia de la costa asturiana por ilegalidades urbanísticas. Pero en el universo judicial casi todo es interpretable y así, mientras que fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) aseguran que el auto ordena "iniciar antes de diez días la demolición del edificio", el Gobierno local defiende que solo obliga a informar en ese período de tiempo al Juzgado de los trámites realizados para ejecutar la sentencia firme de derribo, emitida tras declararse ilegales las dos licencias municipales que ampararon las obras del Kaype, entre otras razones, porque el Ayuntamiento otorgó más edificabilidad de la que permite la ley y consintió agrupar varias fincas con diferentes calificaciones urbanísticas.
El Ayuntamiento no tendrá fácil ordenar a la propiedad del Kaype, Carrera y Pérez SL, el inicio de las obras de derribo antes de diez días. Fundamentalmente, porque aunque la propiedad presentó ya hace meses el proyecto de demolición, aún no ha sido informado por los servicios técnicos municipales, como es preceptivo, pues tanto el secretario municipal, Santiago Fernández Molpeceres, como la arquitecta, Azul Lazo Iglesias, rechazaron hacerlo cuando estaban siendo investigados por un delito de prevaricación urbanística en el "caso Kaype". No obstante, el pasado miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) exculpaba a ambos de manera definitiva, al no observar inicio alguno de que hubieran delinquido, lo que les deja las manos libres para informar el proyecto de derribo. Un documento que estima el costo de la demolición en 1,13 millones de euros y el plazo de ejecución en seis meses.
¿Cuál es el futuro inmediato del Kaype? La jueza solo contempla uno: el derribo de todo lo construido al amparo de las licencias anuladas; esto es, que el hotel vuelva al estado que tenía antes de que comenzaran las obras, el 11 de febrero de 2013. Existe una posibilidad de recurso ante el TSJA, pero la jueza ya advirtió de que su presentación no suspende la ejecución del derribo, que pondría punto final a la vía del contencioso administrativo del "caso Kaype", iniciada por un vecino y un veraneante de Barru. Hay otra vía abierta, la penal, impulsada por la Fiscalía Superior de Asturias, en la que aparece como único investigado el anterior arquitecto municipal, A. R. N., ya jubilado. Instruirá el caso el Juzgado de Llanes. Exculpados definitivamente han quedado, además del secretario y la arquitecta municipales, la anterior alcaldesa de Llanes y ahora diputada autonómica Dolores Álvarez Campillo; el anterior concejal de Urbanismo y hoy portavoz socialista, José Manuel Herrero; el técnico I. V. F. y el arquitecto que elaboró el proyecto para reformar y ampliar el Kaype, J. I. T. R.
La vía civil debe esperar, de un lado, a que se ejecute el derribo, y de otro, a que se cierre la penal. Pero la propiedad del Kaype ya ha anunciado que recurrirá a ella para reclamar 15,6 millones de euros, más los gastos de demolición y los intereses legales correspondientes, en concepto de daños y perjuicios por la anulación de las licencias municipales para ampliar el hotel.
Mientras, el alcalde, Enrique Riestra, de Vecinos x Llanes, indicó ayer que los técnicos y los servicios jurídicos municipales ya estudian el auto. "Siempre hemos colaborado con la justicia y haremos todo lo que digan los jueces. Este Ayuntamiento, a nivel jurídico, fue una auténtica aberración. Ahora nos queda a los llaniscos pagar las consecuencias", añadió. El regidor confía en que los técnicos municipales exculpados en el "caso Kaype" informen el proyecto de derribo: "es probable que ya no tengan causa de abstención", indicó.
El socialista José Manuel Herrero acusó al Gobierno local, que integran Foro, Vecinos x Llanes, PP e IU, de no haber hecho en el "caso Kaype" todo lo que debieron. "Desde el principio el Kaype para ellos ha sido una 'cuestión de Estado' y querían que se derribase sí o sí, porque eso significaría echar a la opinión pública en contra del PSOE, por haber dado una licencia que luego un juez declaró ilegal", indicó. Herrero cree que si se hubiera seguido tramitando el plan general de ordenación que el cuatripartito desechó en octubre habría "una cobertura legal que permitiría le legalización sino de todo, si de una parte del Kaype". Acusó al cuatripartito de no haber hecho "absolutamente nada en los 18 meses" que suma en el gobierno.
