El Gobierno cuatripartito de Llanes desconoce si le dará tiempo a aprobar un plan de urbanismo antes de que concluya el mandato. A la pregunta de si habrá plan general antes de las próximas elecciones municipales, en mayo de 2019, la concejala de Urbanismo y Hacienda, Marián García, de Foro, contestó ayer: "no soy adivina. La Consejera de Fomento (Belén Fernández) dice que da tiempo. A mí los técnicos me dicen que no lo da". En todo caso, el ejecutivo que encabeza Enrique Riestra, de Vecinos x Llanes, lo intentará.

García, que presentó la carpa en la que se desarrollarán las actividades navideñas infantiles de Llanes, en El Sablón, explicó que es que está a punto de presentarse el pliego de condiciones para la contratación del equipo redactor del plan general. "Esperamos que esté adjudicada antes de mediados de año", señaló.

En cuanto a los Presupuestos municipales para 2017, subrayó que hay concejalías que aún no le han presentado sus propuestas. "Al PSOE le pedimos opinión sobre algunas partidas, "aclaró, aunque "los presupuestos se hacen según las necesidades de la gente. Lo que más se demanda es arreglo de caminos", subrayó García, quien aclaró que la participación ciudadana se realiza a lo largo de "todo el año, con reuniones con alcaldes (pedáneos) o juntas vecinales".

Sobre el "caso Kaype", García no desveló la licencia para derribar todo lo construido ilegalmente junto al hotel situado en primera línea de la playa de Barru se otorgará cuando lo indiquen los tribunales. Indicó que la jueza Pilar Martínez Ceyanes está "dirigiendo todos los pasos que tenemos que dar. Igual que nos marcó los pasos antes nos los marcará ahora", añadió. "Los servicios jurídicos tienen mucho que decir en este caso. Son ellos los que nos tienen que asesorar. Hay que valorar lo que es más positivo para el municipio", añadió la edil.

García resaltó que el cuatripartito hizo "todo lo posible" para evitar indemnizaciones por daños y perjuicios a la propiedad del Kaype, que dispone de dos licencias municipales (concedidas por el anterior gobierno del PSOE y anuladas por los jueces) que posibilitaron las obras. "El próximo paso es conocer si el coste de derribo que estima la propiedad (1,3 millones) es el adecuado", añadió. Para ello el cuatripartito ha solicitado varios peritajes.