El Ayuntamiento de Llanes está dispuesto a demoler por su cuenta la ampliación ilegal del hotel Kaype si el proyecto de derribo solicitado por la propiedad es rechazado. Ante esta posibilidad, el equipo de gobierno cuatripartito reservará una partida en el presupuesto de 2017, en fase de elaboración, para acometer la demolición, según desvelaron ayer los concejales de Urbanismo y Hacienda, Marián García, y Obras, Juan Carlos Armas.
Los dos ediles comparecieron ayer para valorar el último auto del "caso Kaype", en el que la jueza anuncia que multará al alcalde, Enrique Riestra, si no ejecuta ya el derribo del hotel de la playa de Barru, y exige a dos funcionarios que emitan los informes que restan para iniciar la demolición, ordenada en una sentencia emitida ya en el mes de agosto de 2015 y sobre la que han sido rechazados todos los recursos presentados.
García y Armas admitieron que el Alcalde, como máximo dirigente del Ayuntamiento, es responsable de todo lo que en él ocurre, incluidos los retrasos en la ejecución de la sentencia firme de demolición de la ampliación ilegal del Kaype. Pero subrayaron que no tiene "ninguna culpa" de lo ocurrido y que los retrasos tienen "justificaciones".
Explicaron que entre las causas del retraso figuran la abstención para realizar informes de dos funcionarios durante varios meses porque estaban siendo investigados en la causa penal del "caso Kaype" (posteriormente ambos fueron exculpados) o que la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) desoyó la petición de auxilio municipal para que enviara un funcionario que informara la licencia de demolición.
El Alcalde, que está de vacaciones, emitió ayer un comunicado, en el que destaca que la jueza requiere en su último auto a dos funcionarios para que elaboren sendos informes necesarios para iniciar la demolición. Relata las vicisitudes que provocaron las dilaciones en la ejecución de la sentencia de derribo, destaca que no tuvo "en ningún momento duda alguna sobre cómo actuar", y añade que seguirá los pasos que dicte el Juzgado para "cumplir con la ejecución de una sentencia que no deja lugar a dudas".
García y Armas incidieron en el relato de los hechos que, según su criterio, retrasaron el derribo. La responsable de Urbanismo indicó que ante la "manifiesta idea de retrasar los hechos" por parte de algunos funcionarios, "la jueza ha tomado las riendas" del proceso para ejecutar la sentencia de derribo. Y añadió que será también la jueza la que "marque los siguientes pasos", una vez que reciba los informes que ha solicitado, uno sobre si hay inconvenientes técnicos para conceder la licencia municipal de derribo y otro para que determinar si el Ayuntamiento de Llanes tiene medios para acometer el derribo por su cuenta.
El futuro inmediato dependerá del informe técnico sobre el proyecto de derribo y su adecuación a la sentencia judicial, que ha de elaborar la arquitecta municipal. Si se le da luz verde al proyecto, se concederá la licencia y derribará el edificio la propiedad; si el proyecto es rechazado, tendrá que acometer la demolición el Ayuntamiento. Hay una tercera posibilidad: que el informe obligue a la propiedad a modificar el proyecto de la propiedad en aquellos aspectos puntuales en los que incumple la sentencia de derribo.
