El Ayuntamiento de la localidad cántabra de Val de San Vicente sigue empeñado en dificultar la actividad de las dos empresas asturianas de turismo activo con sede en Panes, Peñamellera Baja. El conflicto abierto entre el Consistorio cántabro y las empresas a que ofrecen entre sus actividades el descenso en canoa del río Deva vivió el pasado martes un episodio clave.

Uno de los empresarios afectados por la decisión del Consistorio de prohibir el acceso de vehículos a la Campa Larga, lugar donde hasta ahora desembarcaban las seis empresas de turismo activo que operan en la zona (cuatro cántabras y dos asturianas), se reunió con el regidor cántabro, Roberto Escobedo (PSOE), para tratar de acercar posturas sin que se llegase a ningún tipo de acuerdo al respecto. Escobedo se escuda en supuestos problemas de seguridad para justificar la negativa a que las empresas de turismo activo desarrollen su actividad en este lugar tal y como vienen haciendo desde hace años.

Alega el socialista que el tránsito de furgonetas por la Campa Larga puede ocasionar problemas a las personas de Unquera y alrededores que utilizan estos terrenos públicos como lugar de esparcimiento en verano. Los empresarios asturianos venían solicitando una reunión con el alcalde de Val de San Vicente desde el pasado mes de septiembre para tratar este asunto.

Encima de la mesa el empresario Jesús Madrazo puso la posibilidad , como mal menor, de que el cierre con pivotes que el Ayuntamiento de Val de San Vicente ha colocado en la Campa Larga, se situase unos metros más adentro de la finca de manera que las furgonetas pudiesen aparcar en la rampa de acceso a la misma para recoger a sus clientes. El Ayuntamiento de Val de San Vicente ha rechazado esta propuesta y sigue en sus trece de proponer la zona del Llance, situada pasados los puentes de la autovía, para desembarcar, situación esta que perjudicaría sobre manera a las empresas por, entre otras cosas, el olor a cloaca que viene de varios edificios que desaguan en esta parte de la ría los restos fecales o la peligrosidad de los hierros que hay debajo del puente de la autovía. "Estas medidas me obligan a que tanto mis clientes como las embarcaciones sean cargadas cruzando la carretera nacional", sostiene Jesús Madrazo.

Los empresarios asturianos estudian ahora la posibilidad de llevar ante los tribunales al Ayuntamiento para exigir la servidumbre de paso rodado por la Campa Larga. Para ello solicitarán el apoyo de las cuatro empresas cántabras.