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El juez obliga a Parres a urbanizar la finca privada de Caxidi al quebrar la promotora

El Ayuntamiento debe gastar 300.000 euros por un "problema heredado", tras otorgar licencia para una vivienda en un terreno sin servicios básicos

Una zona ya urbanizada de Caxidi, que nunca fue recibida por el Ayuntamiento de Parres porque no reunía las condiciones que se estipulaban en el proyecto aprobado. CRISTINA CORTE

El Ayuntamiento de Parres tiene que urbanizar toda la finca privada de Caxidi, tras quebrar la promotora. Así lo ha ordenado el juez, que ha dado la razón a un particular que adquirió un chalé en la tercera fase de la promoción urbanística de Caxidi. La sentencia es firme y el Ayuntamiento, que ya recibió la orden de ejecución, ha urbanizado ya una parte del terreno.

El alcalde, Emilio García Longo, aseguró ayer que acata la orden judicial, que ha obligado al Ayuntamiento a reservar una partida de 300.000 euros por un "problema heredado", cuyo origen se remonta a los años ochenta. El organismo municipal tendrá que urbanizar las tres fases de Caxidi y luego repercutir el gasto en la propiedad. El problema es que la quiebra de la promotora, en concurso de acreedores, ha provocado hace unos días la subasta de los terrenos. La promotora es insolvente. La principal acreedora es la Caja Rural.

El Ayuntamiento ya urbanizó una parte de Caxidi el pasado mes de diciembre, tras adjudicar la obra por algo más de 70.000 euros a una empresa asturiana. Restan ahora por urbanizar las otras dos fases, pues la urbanización parcial que ejecutó hace años la promotora incumplía las condiciones estipuladas en el proyecto. Se hará en las próximas semanas, indicó el Alcalde.

El origen de este conflicto se remonta al año 1980, cuando tres los entonces dueños de Caxidi, tres empresarios de Cangas de Onís (posteriormente vendieron el terreno a una promotora), lograron que el Ayuntamiento de Parres aprobara el proyecto para urbanizar y construir en tres fases más de un centenar de viviendas.

En 1983 llegaron las primeras solicitudes para construir chalés. Los servicios técnicos municipales pusieron objeciones porque la urbanización no estaba concluida. Se exigió a los promotores una fianza de unos 3 millones de pesetas (18.000 euros), equivalente a los costes de urbanización. Aquella fianza nunca se depósito, pese a lo cual se concedieron licencias y se construyeron viviendas. El proyecto de urbanización de la tercera fase de Caxidi, aprobado en 2005, se estrelló años más tarde con la crisis del ladrillo y el estallido de la burbuja inmobiliaria, que llevó a la promotora a la quiebra. Pese a que la zona no estaba urbanizada, la Junta de Gobierno de Parres concedió hace un lustro licencia para construir una vivienda en Caxidi, con informe favorable de la oficina técnica municipal.

La propietaria del terreno, con la licencia en la mano, construyó la casa y exigió que se urbanizara Caxidi. Entre otras razones, alegó en los tribunales que solo se puede otorgar licencia para construir una vivienda si el terreno cuenta con los servicios básicos que exige la ley. No tenía ni agua, ni luz, ni la zona estaba urbanizada. El proceso penal acabó con la condena del Ayuntamiento, que, como responsable subsidiario, debe asumir la urbanización de las dos últimas fases de Caxidi por haber concedido la licencia.

El juez esgrime que aunque el Ayuntamiento de Parres impuso a la promotora varias multas coercitivas por no urbanizar Caxidi, estas nunca fueron abonadas, lo que denota el "evidente fracaso" del "mecanismo de ejecución forzosa", sin que "el derecho reconocido de los recurrentes se convirtiera en realidad después de tantos años e intentos", según recogía ya la sentencia definitiva, de noviembre de 2015.

En cuanto al argumento del Ayuntamiento de que urbanizar Caxidi le supondrá un "desembolso muy elevado" a la Hacienda Local, el juez es contundente: "este aspecto debió haberse previsto"; sobre todo porque han pasado más de diez años desde que se aprobó el proyecto de urbanización, añade.

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