"Un calvario" viven desde hace diez años los propietarios de la única vivienda construida en la tercera fase del plan parcial de Caxidi, situado en una ladera del concejo de Parres, justo al lado de Cangas de Onís. Aunque los tribunales les han dado la razón en todos los procesos, la promotora, en quiebra, y el Ayuntamiento de Parres no han cumplido aún las órdenes judiciales. Los afectados solo han conseguido que el Ayuntamiento urbanice parcialmente la zona más próxima a su casa, pero la obra es "una chapuza", que no responde a la sentencia que ordenó al organismo local urbanizar toda la finca de Caxidi.
Los afectados, residentes en Madrid, compraron el terreno en 2007. Llegaron "con toda la ilusión del mundo", porque se habían "enamorado" del lugar, con fantásticas vistas hacia la ciudad canguesa. Con licencia municipal en la mano, construyeron su casa. Pronto empezaron los desengaños: la vivienda carecía de todos los servicios básicos que la ley exige para conceder licencia. Ni tenía luz, ni agua, ni llegaba el servicio de recogida de basuras, ni el lugar estaba urbanizado. Ello pese a que el proyecto de urbanización había sido aprobado por el Ayuntamiento en 2005. Ahí comenzó su lucha contra la todopoderosa Administración.
Tuvieron que subir el agua en cubas durante un tiempo. Tampoco tenían luz y el promotor les daba como solución "enganchar un cable. Todo eran contestaciones absurdas", rememoran los propietarios, que se vieron obligados a viajar a Oviedo decenas de veces para tratar con la compañía eléctrica, hasta que, por fin, se hizo la luz. El Ayuntamiento acabó pagando los 6.000 euros del enganche, pero después de una lucha sin fin. "Nadie sabe lo que yo he llorado", señala la dueña.
El abogado de los propietarios, Pelayo Mijares, relata que, pese a tener todas las licencias municipales, tuvieron que ir "ochenta mil veces al Ayuntamiento" porque el terreno estaba sin urbanizar. "No les contestaban. Incluso tuvieron que gastar 30.000 euros para reparar una escollera mal construida. Y el Ayuntamiento, nada", rememora. Así que los afectados acudieron a los tribunales e iniciaron el "caso Caxidi", por consejo de Mijares, en tres frentes: primero, una demanda civil contra el constructor, que fue condenado pero es insolvente; segundo, una reclamación al Ayuntamiento por los gastos causados, que acabó con el pago de 6.000 euros; y tercero, una demanda administrativa para exigir al Ayuntamiento la urbanización de Caxidi, que concluyó con la condena del organismo municipal y una orden de ejecución que aún no se ha cumplido en su totalidad.
"El Ayuntamiento siempre utilizó el silencio administrativo, y solo cuando llegó la sentencia firme empezó, por un lado, a imponer multas coercitivas al constructor para que urbanizara Caxidi, y por otro a reclamar a los afectados "flexibilidad". El constructor respondió a las multas "como si oyera llover", destaca Mijares, lo cual llevó al juez a ordenar al Ayuntamiento que urbanizara Caxidi, como responsable subsidiario. "El plazo máximo para urbanizar era el 31 de diciembre de 2016, pero el Ayuntamiento solo había acometido ese día un tercio de la obra, y mal hecha", señala el abogado.
"La sentencia no se está cumpliendo", dice el abogado, quien subraya los costes "en dinero, tiempo y salud" que el conflicto está suponiendo para sus clientes.
"Hasta que hubo una sentencia firme los dirigentes del Ayuntamiento no quisieron hablar con nosotros. Su dejadez y su desidia hacen que ahora tengan que pagar las obras de urbanización. Y aún ahora sigue con su dinámica de 'torear'", añade el letrado, quien destaca que el Ayuntamiento no exigió fianza (o al menos esta no se abonó) al constructor cuando aprobó el proyecto de urbanización de la tercera fase de Caxidi, en 2005. Esa fianza hubiera permitido acometer ahora las obras sin que el organismo municipal tuviera que desembolsar un euro. Al no haberse depositado fianza alguna, el Ayuntamiento de Parres se ha visto obligado a reservar una partida de 300.000 euros para urbanizar Caxidi.
