Los propietarios de la nave Pacoli piden al Ayuntamiento de Colunga 381.000 euros en concepto de responsabilidad patrimonial. El inmueble fue derribado el pasado mes de septiembre tras dieciséis años en los tribunales y una sentencia firme que invalidó la licencia municipal con la que fue construido.
Es precisamente este permiso, expedido por el exalcalde Julio Menéndez (PP), en el que se basan los dueños de la finca y la nave para pedir ahora una compensación al Ayuntamiento. El alcalde, el socialista Rogelio Pando, explicó ayer que la reclamación se presentó "estos días" y que el siguiente paso es "pedir un informe por un técnico municipal para la valoración. En el momento en que lo tengamos, nos reuniremos con ellos para intentar llegar a un acuerdo".
Este informe municipal servirá al gobierno local para "contrastar un poco uno y otro" antes de reunirse con los propietarios "y sus abogados e intentar llegar a un acuerdo par zanjar el tema", apuntó el regidor antes de añadir que esto es lo que pretenden. "Luego ya veremos a ver", añadió. Sobre la cantidad reclamada, Pando opinó que es "excesiva", pero emplazó el análisis al momento en que tenga en su poder la valoración de los técnicos municipales. "Cuando tengamos el informe ya hablaremos de si está dentro de los márgenes", remarcó el Alcalde.
Siendo "una cantidad importante" la de la reclamación de Pacoli, el regidor colungués apuntó que tendrá que ir al Consejo Consultivo del Gobierno regional. Con todo, Rogelio Pando parece descartar el paso por los tribunales. "Si hay acuerdo entre las partes no queremos ir a un contencioso", explicó sobre el procedimiento a seguir. Sobre la posible responsabilidad de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), que en su momento informó de forma favorable la construcción de la nave, Pando apuntó que se trata de una cuestión "distinta" que "se valorará con los técnicos". La construcción de la nave de Pacoli fue denunciada poco después de su inauguración, en abril de 2000, por estar en un terreno de interés agrícola. En 2004 el PSOE diseñó un plan especial para salvar la nave del derribo, recalificando los terrenos donde se emplaza, pero fue declarado nulo por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, una decisión que ratificó el Tribunal Supremo en febrero de 2012. En octubre de 2014 el Tribunal Superior de Justicia de Asturias concluyó que la nave es "imposible" de legalizar.
