10 de marzo de 2017
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Piden 2.760 euros de multa para las personas que entraron en Bedón

La defensa solicita la libre absolución, y la Fiscalía, 480 euros a cada encausado

10.03.2017 | 03:38
La concentración previa al juicio de Bedón, ayer, en Llanes.

La acusación particular ha solicitado multas que suman 2.760 euros para las cinco personas acusadas de entrar de manera ilegal en la finca privada de San Antolín de Bedón durante el acto de inauguración de una asociación cultural, el pasado mes de agosto, por un presunto delito leve contra el patrimonio y otro, también leve, de usurpación. Entre los acusados figuran el secretario general de CC OO en el Oriente, Rogelio Marotías, y el edil no adscrito en el Ayuntamiento de Llanes, Alfonso Miyares. En el juicio celebrado en la mañana de ayer en Llanes, el ministerio fiscal solicitó una multa de 480 euros para cada uno de los encausados, mientras que las defensas solicitaron la libre absolución. El juicio, que duró más de dos horas, quedó visto para sentencia.

Antes de la vista tuvo lugar a la entrada del Juzgado una concentración a la que asistieron más de una veintena de personas. Se leyó un comunicado en el que se reclamó el derecho de que todas las personas puedan acceder libremente al monasterio de San Antolín. Según los concentrados, la propiedad de la finca que rodea a la iglesia de Bedón impide desde hace meses el acceso a ese bien de interés cultural tras haber cerrado "un camino público utilizado desde siempre por los vecinos, los amantes del Románico, los peregrinos del Camino de Santiago o quienes desean, simplemente, admirar su belleza".

En el texto se aseguraba también que el cierre del camino de acceso al templo, del siglo XIII, "forma parte de la misma política deterioro de lo público y de reducción de nuestros derechos de acceso a los servicios públicos fundamentales. No hablamos solo de educación, sanidad o dependencia, sino, como es el caso, de nuestra libertad de acceso a la cultura, a la belleza o a la libre circulación, que es lo que San Antolín representa". S denunció también el "abandono" al que está sometida esa "joya del Románico y su entorno", así como "la clamorosa falta de actuación del Estado, el Principado y el Ayuntamiento de Llanes, que, culpándose entre ellos, permiten que se destruya el patrimonio de todos". Los concentrados indicaron que el cierre que impide el acceso a la finca por "un camino centenario" es "ilegal" y aseguraron que la denuncia contra quienes hicieron uso de él en agosto es "un ejercicio de intimidación". Todos desmintieron que la acción de "caminar hacía la iglesia" por la que han sido juzgados "sea un ataque a la propiedad privada", y subrayaron que sólo ejercitaron su "derecho ciudadano a reivindicar lo que es público y a denunciar el cierre ilegal de un camino, con la intención, indudable para nosotros, de acabar con el carácter público" del monumento.

El denunciante, copropietario de la finca de Bedón, aseguró durante su declaración en el juicio que el cierre que impide el acceso a la finca está cerrado desde que la adquirió en el año 2000 y que se reforzó para evitar que saliesen a la carretera los animales que pastan por la finca.

Los cinco encausados negaron ante la jueza que rompiesen el palé que, a modo de portilla, impide la entrada a la finca y a un camino "de toda la vida". Marotías añadió que solo apartó las tablas de maderas y los clavos que había "con el objetivo de que nadie se hiciese daño con ellos".

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