El Ayuntamiento de Colunga, con los votos del PSOE, en el gobierno municipal, acordó ayer solicitar asesoramiento al Consejo Consultivo del Principado de Asturias en torno a dos reclamaciones patrimoniales que amenazan la estabilidad de las arcas locales, los casos Pacoli y Palacio de Luces. En el primero de los casos, los dueños de la mueblería construida sobre suelo agrícola y demolida hace unos meses por orden judicial reclaman 381.000 euros, mientras que en el segundo los afectados aún no han indicado la cantidad que exigirán por daños y perjuicios tras tumbar el Principado el Plan General de Ordenación que impulsaba el Ayuntamiento, y con él, un convenio urbanístico suscrito en 2004 para construir 22 chalés en el entorno del Palacio de Luces.

En el Pleno el portavoz de Foro, Miguel Hornillos, reclamó entrar "en el fondo del 'caso Pacoli'", al considerar que existió una "negligencia" por parte del Ayuntamiento, pues "no se veló por el interés común", ya que si se hubiera aceptado en 2011 la orden judicial firme de derribo las indemnización se hubiera quedado, según sus cuentas, en 126.000 euros, que fue el valor de la obra ejecutada. Al intentar el equipo de gobierno socialista legalizar la construcción, mediante "argucias" como elaborar un plan especial, solo se logró "dilatar" el proceso y hacer que la petición por daños y perjuicios se triplicara.

Hornillos resumió la historia del "caso Pacoli", desde que en 1999 comenzaron las obras, en un primer momento sin licencia, según afirmó, pasando por el juicio, que concluyó con la anulación del permiso municipal, concedido por el Gobierno de Julio Menéndez Gallego (PP), el día 2 de julio de 1999, al día siguiente de que fuera solicitada y el día antes de que entrara en el Ayuntamiento la nueva Corporación, encabezada por Daniel Gancedo (PP), así como la primera orden de derribo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), del año 2001.

En cuanto al "caso Palacio de Luces", en 2004 el Ayuntamiento y la propiedad firmaron un convenio que incluía, entre otros puntos, la construcción de 22 viviendas en la zona. El Ayuntamiento incluyó el acuerdo en el plan general, pero este fue tumbado por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), que calificó de "desmesurado" el crecimiento propuesto en el entorno del palacio y exigió su desaparición.