La cuenta atrás para que el derribo de la ampliación ilegal del hotel Kaype se haga efectivo de manera definitiva ha comenzado. Los trabajos para restituir la zona situada en primera línea de playa a su estado original, tras más de dos meses prácticamente parados, se reanudaron a pleno rendimiento ayer por la tarde, con el montaje de la maquinaria que se encargará de derruir la estructura. A primera hora de la mañana del viernes comenzarán los trabajos de demolición propiamente dichos, una vez que se ha dado por bueno el informe que la propiedad ha presentado para modificar el proyecto de derribo. Fuentes de la obra reiteraron ayer que las tareas de derribo se prolongarán por espacio de, aproximadamente, 15 días. La idea es que los trabajos se acaben antes del mes de julio.

La obra para demoler la ampliación ilegal comenzó el pasado 3 de febrero. La propiedad del Kaype, Carrera y Pérez S. L., había presentado un proyecto de demolición cifrado en 1,13 millones de euros, que preveía que los trabajos se prolongasen por espacio de seis meses. Se contemplaba el desmontaje de lo levantado, así como el traslado del material a una escombrera. Transcurrido un mes decidieron contratar una máquina que agilizase la obra con el único objetivo de abaratar los costes y hacer el proceso más rápido y limpio. Para ello solicitaron un nuevo permiso para modificar el proyecto y adaptarlo a las nuevas condiciones de seguridad que el Ayuntamiento remitió a la jueza del "Caso Kaype", Pilar Martínez Ceyanes. Dicho trámite, junto a la baja de la arquitecta titular del Ayuntamiento de Llanes, ha retrasado los trabajos hasta la fecha.

La máquina que se utilizará para el derribo de la ampliación ilegal del Kaype tiene 21 metros de altura y está equipada con electroimanes. Su función será la de triturar los escombros y separar los áridos de los hierros. Los áridos se utilizarán para rellenar los garajes del sótano. Independientemente de esta actuación se trabaja también para derruir la ampliación ejecutada en el edificio original con licencias declaradas ilegales por los tribunales de justicia.