"Es una demolición ejemplarizante, no sólo a nivel de Asturias, también a nivel de España". El presidente de la Asociación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL), Domingo Goñi Tirapu, pronunció ayer por la mañana estas palabras mientras, de fondo, una máquina retroexcavadora con una pluma de largo alcance equipada con una cizalla hidráulica comenzaba el derribo definitivo de la parte ampliada ilegalmente del hotel Kaype, en Barru (Llanes). "Se ha hecho justicia", resumió el presidente del colectivo vecinal. Ellos fueron los primeros que advirtieron al Ayuntamiento -por aquel entonces dirigido por Dolores Álvarez Campillo (PSOE)- de que los trabajos eran ilegales.

Eran las nueve de la mañana de ayer cuando la retroexcavadora encargada de triturar el hormigón y cortar la armadura del inmueble ilegalmente construido comenzó a funcionar. "Parece un dinosaurio", exclamó uno de los presentes. Los trabajos para demoler el inmueble se prolongarán, según fuentes de la propiedad, durante quince días. Una excavadora iba separando, en una primera clasificación, todos los materiales que no eran hormigones ni elementos cerámicos. Cuando la totalidad de la ampliación ilegal esté derribada entrará a funcionar la planta móvil de machaqueo de hormigón que se encargará de separar los áridos de los hierros. El material reciclado resultante será utilizado para rellenar los garajes del edificio.

"Nos gusta que se cumpla lo que han dicho los jueces. Es un triunfo contra la barbarie urbanística. Nunca se había llegado tan lejos en un asunto de este calibre", señaló Goñi Tirapu. Lo ocurrido con la demolición del kaype sirve, en opinión del máximo responsable de AVALL, "para advertir a los promotores que se lanzan a hacer este tipo de cosas pensando que sus acciones no van a tener consecuencias", indicó.

Pese a que la demolición de la ampliación ilegal del Kaype comenzó el 3 de febrero, no fue hasta ayer cuando la maquinaria pesada hizo acto de presencia. La propiedad del Kaype, Carrera y Pérez S. L., había presentado un proyecto de demolición cifrado en 1,13 millones de euros, que preveía que los trabajos se prolongasen por espacio de seis meses de manera que se contemplaba el desmontaje de lo levantado, así como el traslado del material a una escombrera. En marzo decidieron dar un giro a los trabajos con la intención de abaratar los costes y hacer el proceso más rápido y limpio. Para ello solicitaron un nuevo permiso con el objeto modificar el proyecto y adaptarlo a las nuevas condiciones de seguridad que el Ayuntamiento remitió a la jueza del "Caso Kaype", Pilar Martínez Ceyanes. Dicho trámite, junto a la baja de la arquitecta titular del Ayuntamiento de Llanes, ha retrasado los trabajos, que estuvieron prácticamente parados durante dos meses. Se espera que la obra acabe antes de julio.

La propiedad reclamará al consistorio una indemnización de 15,6 millones de euros en concepto de responsabilidad patrimonial por la anulación judicial de la licencia.