El Juzgado de Instrucción de Llanes ha ordenado el archivo de dos denuncias que había presentado en 2016 el actual gobierno cuatripartito contra concejales del anterior ejecutivo, del PSOE.

La jueza ha atendido la petición del fiscal, que no observó indicios de delito en la actuación del anterior primer teniente de alcalde, José Manuel Herrero, al firmar 278 adhesiones a una empresa eléctrica sin licitación y sin informes técnicos ni jurídicos. La decisión judicial aún puede ser recurrida. Tampoco cree el juez que hayan delinquido el propio Herrero y la concejal Silvia Ruenes al entregar donaciones a familias necesitadas del concejo a través del programa "Ayuda Solidaria". El equipo de gobierno ya ha recurrido la decisión judicial de archivar este caso.

"Estoy contento pero soy prudente hasta que el procedimiento concluya", señaló ayer Herrero. "Siempre he sido muy respetuoso con estos procesos, tanto si son a favor como en contra, y ahora no iba a ser menos", añadió el portavoz socialista. Ruenes, por su lado, también llamó a la prudencia y evitó hacer declaraciones.

Herrero había admitido ante la jueza que firmó las 278 resoluciones relacionadas con el alumbrado público sin licitación alguna y sin contar con informes técnicos ni jurídicos, pero resaltó que así había funcionado el Ayuntamiento anteriormente y que así lo hace "el noventa y nueve por ciento de los ayuntamientos". Destacó que su único objetivo fue "reducir el gasto en suministro eléctrico", lo mismo que hizo "con el telefónico y con otros". De hecho, el dirigente socialista afirmó en su declaración que había logrado ese objetivo, pues la oferta de Unión Fenosa supuso un ahorro "de entre el 10 y el 22 por ciento, en función del contrato".

Según Herrero, los adjudicados a Unión Fenosa fueron contratos de adhesión individuales, que no requieren ni adjudicación, ni informes. Destacó que el actual gobierno local ha prorrogado aquellos contratos. "Si fueran ilegales deberían de haberlos suspendido", añadió ante la jueza.

En cuanto al "caso Ayuda Solidaria", tanto José Manuel Herrero como Silvia Ruenes defendieron en todo momento la limpieza del programa, cuyo único horizonte fue "en todo momento" ayudar a los llaniscos que los estaban pasando mal como consecuencia de la crisis.

"Ayuda Solidaria" fue un programa de ayudas impulsado por el Ayuntamiento de Llanes, que incluía la recogida de donaciones (dinero, alimentos, juguetes, utensilios de bebés, etcétera) y su entrega a familias necesitadas del concejo. Una de las premisas del programa era la confidencialidad, pues había muchas familias que no recibían ayuda de entidades como Cáritas o la Cruz Roja, precisamente, porque no querían que se conociese su situación de necesidad.

El PSOE defendió tras la denuncia que existen listados de los beneficiarios y que fueron entregados a la jueza. En el caso de la comida, los juguetes o los utensilios para bebés las donaciones de "Ayuda Solidaria" se entregaban directamente a quienes las solicitaban de manera presencial. En el caso de las ayudas económicas, siempre se pasaba la solicitud al departamento de Servicios Sociales y, tras el informe de la trabajadora social, se entregaba la ayuda, que podía ser una beca para el comedor escolar o vales con dinero para gastar en libros o material escolar en las librerías adheridas al programa, señalaron en su día fuentes del PSOE, que negaron cualquier utilización política o electoral del programa.

El cuatripartito, por el contrario, sospechaba, que el reparto de ayudas, iniciado en diciembre de 2012, no seguía criterios objetivos, pues no existían listas de los adjudicatarios de las ayudas, lo que les llevó a acusar al anterior Gobierno socialista llanisco de practicar el "amiguismo" y el "clientelismo".