La mancomunidad de concejos de Cangas de Onís, Onís y Amieva celebrará el martes un pleno ordinario en el que sus miembros decidirán si aprueban la reincorporación de Ponga, que en el año 2011, durante el mandato del forista Cándido Vega, inició un proceso para desvincularse del ente supramunicipal. El equipo de gobierno pongueto, que desde las elecciones de mayo de 2015 encabeza la socialista Marta María Alonso (gracias a un pacto con el PP), manifestó en 2016 su deseo de reincorporarse a la mancomunidad "chica" al entender que el uso compartido de recursos aumentaría la calidad de los servicios prestados a los vecinos de los cuatro concejos, a la par que reduciría sus costes.
La petición de Alonso se topó con el rechazo casi frontal de los alcaldes de Onís, José Manuel Abeledo (PSOE), de Cangas de Onís, José Manuel González (PP) y de Amieva, José Félix Fernández (Foro), que defendieron el buen funcionamiento de la mancomunidad sin Ponga. No obstante, antes de tomar una decisión definitiva, este martes, en sesión plenaria, los regidores aceptaron esperar por la resolución de unos informes técnicos (no vinculantes) que por fin han llegado a sus manos. "El primero, elaborado por el Principado, es favorable a la reincorporación, mientras que el segundo, de nuestros servicios sociales, lo desaconseja", explicó el alcalde amievense, que tiene claro que el martes votará "no" a la petición, como ya hicieron el resto de representantes en la comisión informativa, incluidos los socialistas. Y eso a pesar de que desde la FSA se les habría requerido a todos ellos que apoyaran la reincorporación de Ponga, cuya salida se ratificó en junto plenaria en mayo de 2014 tras una serie de sonados desencuentros y el abono al Consistorio pongueto de 18.169, 29 euros por conceptos como el uso de maquinaria. Los regidores de la mancomunidad "chica" esgrimen que el reingreso no fue aprobado por unanimidad por la Corporación pongueta. "Si en un par de años cambia el gobierno y vuelven a querer salir ¿qué hacemos con sus trabajadores sociales que tendríamos que asumir como propios?", se preguntan los alcaldes, que temen que el ingreso repercuta en un peor servicio a sus vecinos.
