19 de agosto de 2017
19.08.2017

Los vecinos alegan contra el "disparate" de abrir una planta de residuos en El Peral

El Ayuntamiento de Ribadedeva rechaza por motivos medioambientales y urbanísticos la industria contaminante proyectada entre casas y negocios

19.08.2017 | 04:40
La nave en la que se pretende abrir la planta de tratamiento de residuos de El Peral (Ribadedeva), rodeada de viviendas y negocios.

"No a la planta de residuos de El Peral". Es el mensaje de la plataforma vecinal constituida en Ribadedeva para intentar detener un proyecto que, en su opinión, es "un disparate". La plataforma alegará contra la apertura de una industria en pleno núcleo urbano de El Peral, a escasos metros de viviendas y negocios. Ya lo ha hecho el Ayuntamiento de Ribadedeva, que en un primer momento emitió un informe favorable, pero, advertido "el error", ahora se opone a la apertura de la industria contaminante por motivos medioambientalees y urbanísticos, desveló ayer el alcalde, Jesús Bordás (PSOE). También la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies (CEA) ha alegadocontra la planta y demanda al Principado que rechace el proyecto.

Los vecinos defienden que la instalación de una planta de tratamiento de residuos no peligrosos y de transferencia de residuos peligrosos es ilegal, porque la ley no lo permite en lugares donde el uso dominante es el residencial, como El Peral. Vecinos y ecologistas muestran su sorpresa porque se pretenda instalar una planta de "tratamiento de residuos de escorias de acería y fundición en medio del núcleo de El Peral, a 20 metros de las viviendas y hoteles de la zona, con el consiguiente impacto en una zona urbana, sin conocimiento de los vecinos que nada sabían de esta peligrosa actividad al lado de sus viviendas y negocios".

La Coordinadora acusa al Ayuntamiento de Ribadedeva de haber intentado "colar" con "trampas" el proyecto el 17 de diciembre del 2015 "como una marquesina de residuos sin tramite ambiental alguno". El regidor negó tajantemente cualquier "dolo" en la actuación municipal.

Los ecologistas destacan la instalación gestionará residuos de terceros: metálicos de acería y de fundición que en la actualidad se tratan en la planta que la empresa tiene en Vizcaya, y se completará con otras instalaciones menores: "centro de valorización de residuos de la construcción y demolición, centro de descontaminación de automóviles fuera de uso, un centro de trasferencia de residuos eléctricos y electrónicos y un centro de trasferencia de residuos peligrosos". Entre las carencias que han observado vecinos y ecologistas destaca que el proyecto no detalla la procedencia del grueso de los residuos, "más de 102.000 toneladas al año, de las que el 80 por ciento por ciento va ser de acerías y fundiciones". Los denunciantes tienen claro es que los residuos a tratar no serán del Oriente, "porque no hay acerías ni fundiciones".

Echan en falta el informe perceptivo de compatibilidad urbanística, pues las fincas afectadas por el proyecto están catalogadas en el Plan General de Ribadedeva como "suelo industrial compatible", por lo que, de acuerdo a la ley, solo pueden instalarse actividades "que no producen molestias para las viviendas o el resto de usos urbanos, o cuyos efectos nocivos puedan ser corregidos de acuerdo con la legislación específica, y que resultan necesarios para dar servicio a la zona en que se ubican". Ecologistas y vecinos tienen "muy claro" que "no es el caso del tratamiento de las escorias de acería y fundición, actividades contaminantes" que no existen en la comarca.

La Coordinadora resalta que la instalación propuesta para El Peral está considerada por la legislación vigente como una actividad "potencialmente contaminadora de la atmósfera y por lo tanto incompatible con estar ubicada en medio de una población". Resalta la amenaza que la planta implicará para el empleo en los establecimientos turísticos de El Peral. Vecinos y ecologistas ven "preceptivo" realizar el "trámite de aceptación social del proyecto", tal y como exige el convenio de Aarhus (Dinamarca) sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, ratificado por España el 15 de diciembre de 2004.

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