Los chiringuitos ilegales proliferan a la vera del río Sella pese al anuncio de administraciones y empresarios turísticos de llevar a cabo una campaña de seguridad contundente para erradicarlos, según denunciaron ayer a este periódico algunos dueños de negocios que aseguran cumplir la normativa.
Los consistorios de Ribadesella, Parres y Cangas de Onís iniciaron el pasado mes de abril las inspecciones en ambas márgenes del río, que se saldaron con la incautación, entre otras cosas, de mobiliario y con la apertura de expedientes sancionadores. No obstante, estas medidas no han sido suficientes para persuadir a los vendedores ilegales, que en los últimos tiempos se concentran en la zona canguesa.
El regidor del municipio, José Manuel González Castro (PP), asegura que el consistorio está haciendo todo lo posible por intensificar la vigilancia policial. "Mandamos a los locales y al personal de Obras dos o tres veces por semana a patrullar, pero desmontan un chiringuito y a los cinco minutos aparece otro", lamenta, para añadir: "Hacemos lo que podemos, pero no tenemos capacidad para tener un guardia las 24 horas del día vigilando el río".
Por su parte, el alcalde de Parres, Emilio Manuel García Longo, aseguró ayer a este periódico que en terrenos parragueses no se han registrado en los últimos días chiringuitos irregulares. "Todavía estuvieron hoy -por ayer- los municipales de ronda y me lo confirmaron. Lo que sí hay es uno con licencia de venta ambulante", apuntó el regidor socialista.
A diferencia de anteriores campañas estivales, este año para abrir un negocio de venta de comidas y bebidas estaba previsto que además de la licencia municipal fuera necesario el visto bueno por parte de la Confederación Hidrográfica y de Turismo, unos requisitos que según los dueños de negocios oficiales (ubicados en Triongu y Torañu) algunos empresarios se saltarían. Para conseguir esta autorización es necesario, entre otras cosas, estar dado de alta en la Seguridad Social y tener seguro de responsabilidad civil, además de un título de manipulador de alimentos.
El problema, según relatan desde los establecimientos legales, es que los infractores han cambiado su "modus operandi" y ya no instalan mobiliario junto al río, sino que se limitan a llevar unas pocas cervezas y bocadillos encima, en mochilas o neveras de pequeño tamaño. "Así, si viene la Policía y se lo requisa la pérdida no es muy grande, y tienen más por ahí escondidos y enseguida vuelven con otra remesa", aseguran.
Los afectados por el fraude coinciden en que erradicar los chiringos irregulares es complicado y apuntan como solución a fuertes sanciones económicas y a la pérdida de ayudas sociales para los infractores. Según su versión, estos no solo no cumplen la legalidad vigente, sino que además deterioran la imagen de calidad asociada al Paraíso Natural que se promociona desde las empresas de turismo activo y la administración.
Además, añaden, ponen en riesgo la seguridad de los consumidores, ya que no pasan ningún tipo de control. "Venden sidra caliente, mala y a veces hasta más cara a los cientos de personas que al día hacen el descenso en canoa del Sella, que se van con la idea de que la bebida de la región sabe mal y encima dejan los cascotes en las orillas con el riesgo de que alguien se corte", advierten los denunciantes.
