Los prindajes efectuados a los ganaderos de Piloña en terrenos del vecino concejo de Ponga son legales. Así lo defendió ayer la regidora pongueta, la socialista Marta María Alonso, tras conocerse una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Oviedo, que desestima la reclamación de una piloñesa que denunció a la Consejería por sustraerle animales equinos. Contra dicha sentencia, que reconoce que el ganado no estaba en el lugar que debería, no cabe apelación.
El alcalde de Piloña, el también socialista Iván Allende, alegó en su momento que existía un acuerdo no escrito entre ambos concejos para el aprovechamiento conjunto de pastos en zonas limítrofes, algo que Alonso siempre negó. Esta afirmación fue clave para que los ganaderos piloñeses obtuvieran una primera victoria en los tribunales, que obligaban a la Consejería de Desarrollo Rural a pagar 1.001 euros.
En el anterior juicio y posterior sentencia del mes de julio de 2017, el juez, en el legítimo ejercicio del principio de libre valoración de la prueba, manifestó que daba por buena la afirmación del alcalde de Piloña, que declaró que siempre hubo ganado mezclado en los límites porque los animales no saben de lindes y no existen barreras físicas que separen ambos concejos. "La dio por buena tan sólo porque no se han aportado pruebas tendentes a desvirtuar la misma. Algo lógico en tanto en cuanto ni el Ayuntamiento de Ponga ni la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales fueron emplazados en aquel procedimiento", matiza Alonso, que apunta que el prindaje se hizo siempre con plena adecuación a la ley y con la única intención de velar por los derechos de los vecinos que se sentían "ninguneados por ganaderos que se aprovechaban de sus pastos".
La regidora de Ponga asegura que una vez el consistorio y la junta ganadera de la parroquia de Cazu aportaron las pruebas documentales pertinentes, que a su juicio dejan claro que no hay acuerdo que justifique que haya pastos mancomunados entre los dos concejos, los jueces les dan la razón. Por este motivo, el Ayuntamiento pongueto está estudiando las fórmulas legales a su alcance "para depurar las responsabilidades pertinentes".
