El matadero comarcal, único escollo que impide desde hace tres años disolver la mancomunidad de concejos del oriente de Asturias fue desalojado ayer por orden judicial. Agentes de la Guardia Civil y policías locales de Cangas de Onís, Cabrales y Ribadesella, junto con abogados, un procurador y un notario se personaron en las instalaciones, ubicadas en la localidad canguesa de Margolles, minutos antes de las once de la mañana, cuando los trabajadores estaban en plena faena. El desahucio acabó a las cuatro de la tarde, cuando el gestor de las instalaciones, Julio Enrique Díaz, las abandonó, después de haber retirado parte de los objetos de su propiedad.
Pero el conflicto que rodea al macelo tiene más ramificaciones: ayer se hizo público que el próximo 12 de diciembre tendrá que declarar en el Juzgado de Cangas de Onís como investigado por prevaricación al presidente de la mancomunidad y alcalde de Parres, Emilio García Longo (PSOE), quien ayer aún no había tenido acceso a la citación. Subrayó que todas las resoluciones que ha dictado estuvieron basadas en "resoluciones judiciales", siguieron en todo momento "los dictados de los técnicos competentes" y contaron con el aval de la "decisión unánime" del pleno de la entidad supramunicipal.
El desahucio vino a poner fin, al menos momentáneamente, a un conflicto que estalló hace más de un decenio. Desde entonces los alcaldes de la comarca han intentado echar al responsable de la empresa del matadero. Incluso hubo otro intento anterior de desalojo, fallido, en 2015. Y Díaz fue superando todos los obstáculos, derrotando en varias ocasiones en los Juzgados a los dirigentes comarcales.
El gestor del macelo anuncio, tras abandonar las instalaciones por consejo de su abogado, Pablo González, que no volverá, pero previsiblemente solicitará una indemnización por daños y perjuicios, al considerar que la mancomunidad ya está disuelta y no tenía capacidad para desalojarle.
El abogado del hasta ayer gestor del matadero prefirió no desvelar los próximos pasos que seguirá su representado. Sí aclaró que la querella contra el presidente de la mancomunidad por prevaricación señala como presuntamente ilegales "las resoluciones que dieron lugar a obtener la autorización judicial de desalojo" y el "carácter no correcto de algunas afirmaciones" recogidas en ellas. Tampoco existía acto administrativo que avalara "llegar a la autorización del desalojo", añadió Pablo González.
Los que, según avanzó ayer Julio Enrique Díaz, sí regresarán al matadero hoy serán los trabajadores. "Intentarán incorporarse a sus puestos, y si no pueden ya veremos qué hacen", añadió. No podrán entrar porque el recinto está precintado y, según fuentes judiciales, se han cambiado todas las cerraduras.
También hay preocupaciójn entre los ganaderos, carniceros y demás clientes del macelo: a partir de ahora tendrán que ir al matadero de Gijón.
