El parque nacional de los Picos de Europa se ha "roto en tres pedazos", alertaron ayer los grupos ecologistas, tras dar el patronato del espacio protegido luz verde a la modificación de sus estatutos reguladores para adaptarlos a la nueva Ley de Parques Nacionales. Con estos cambios, las comunidades que integran el Parque -Cantabria, Castilla y León y Asturias- gozarán de gran autonomía en la gestión habitual y ordinaria de sus territorios,. No obstante, los tres gobiernos autonómicos aseguran que trabajarán "siempre" de manera coordinada, que la unidad ambiental del parque nacional se mantendrá inalterada y que los toques a rebato de los conservacionistas carecen de fundamento.
Las regiones de los Picos creen haber conseguido lo que parecía imposible: un parque nacional uno y trino, con un nuevo modelo de funcionamiento más ágil y práctico, más eficaz y operativo, en el que las decisiones propias de la gestión diaria y que no afectan a la unidad ambiental, serán tomadas por las ellas. Las autoridades autonómicas consideran que el cambio era necesario porque el modelo de gestión compartida aplicado desde 2011, cuando se refundó el parque, "no funcionaba adecuadamente".
Aprovechando que había que adaptar la normativa propia a la nueva Ley de Parques Nacionales, los dirigentes de Cantabria, Asturias y Castilla y León han hecho cambios importantes. Especialmente "profunda" es la modificación de las competencias del consorcio interautonómico que se constituyó en 2011 para la gestión coordinada del área natural. El Consorcio sigue existiendo, pero su papel será secundario: se encargará del desarrollo de aquellas actividades comunes que, expresamente, se le encomienden por una o varias de las comunidades autónomas que lo forman, y de aquellas actuaciones que una o varias regiones consideren procedente que protagonice "por mayor operatividad o facilidad de ejecución", señalaron fuentes de la Consejería de Infraestructuras y Medio Ambiente.
También se ha integrado la comisión de coordinación del parque nacional entre los órganos de gestión del espacio protegido. Esta comisión no podrá desarrollar "ninguna función que tenga que ver con la gestión ordinaria y habitual", pues esta seguirá residenciada en sus órganos habituales (comisión de gestión, comité técnico, director-conservador y codirectores). Las comunidades autónomas tendrán así las manos libres para gestionar el día a día del parque nacional.
Los ecologistas sostienen que con los cambios introducidos en la normativa del Parque se rompe la "gestión coordinada", que habían defendido los anteriores dirigentes medioambientales asturianos -hasta hace unos meses el parque nacional fue competencia de la Consejería de Desarrollo Rural-, frente a sus homólogos de Cantabria y Castilla y León.
También se pretendía modificar el reglamento del patronato del Parque, aunque este punto quedó aparcado al observarse errores en la nueva redacción de la norma. La modificación será, según Medio Ambiente "meramente operativa y de adaptación a los requisitos" de las leyes estatales. "No se modifica sustancialmente ni la composición ni las competencias del patronato", señaló la Consejería.
Los ecologistas no piensan lo mismo: hasta ahora tenían tres representantes en el patronato, uno por cada comunidad, mientras que a partir de ahora tendrán que compartir esos puestos con aquellas "instituciones, asociaciones y organizaciones relacionadas con el Parque o cuyos fines concuerden con la Ley de Parques Nacionales". No solo se pretende "acallar la voz de los ecologistas", que a menudo es "la única discrepante" en el patronato, sino que la participación social en su conjunto ha sido "laminada, contraviniendo la letra y el espíritu de la propia Ley de Parques, según los conservacionistas.
El consejero asturiano de Medio Ambiente, Fernando Lastra, hizo un llamamiento a la "tranquilidad", dirigido en especial a los municipios asturianos que pretenden abandonar el parque nacional. Prometió una solución a sus demandas y una nueva fórmula en la gestión de las ayudas del Parque. Precisamente el alcalde de Onís, José Manuel Abeledo (PSOE), no asistió ayer al patronato en protesta porque no se incluyó en el orden del día la salida de ese concejo del Parque.
Lastra se comprometió a atender las preocupaciones de los afectados por los ataques del lobo y expresó su confianza en que las futuras directrices del Parque den respuesta a la "contundente" presencia del lobo en la zona asturiana del espacio protegido. El Consejero espera que el centenario del parque nacional, en 2018, suponga un "impulso de gran importancia" para ese territorio y para sus vecinos.
